Después te explico

“La tendencia histórica que por diversas razones muestran todas economías del mundo y en particular la uruguaya es hacia el fin de los monopolios públicos”. La frase que el ministro Astori pronunció el martes pasado en el marco un seminario sobre la nueva legislación de promoción y defensa de la competencia era sólo el comienzo. Tres días después, el mismísimo presidente de la República iría aún más lejos. De visita en Ecuador, Vázquez diría que  "en muy poco tiempo más la telefonía fija va a caer de su monopolio" por los avances tecnológicos y destacó que la competencia es beneficiosa porque permite que mejoren los servicios.

Como era de esperar, el sindicato de Antel puso el grito en el cielo.  “Nosotros seguimos con el mismo pensamiento de antes”, dijo el presidente del gremio, Gabriel Molina, quien amenazó con reactivar la Comisión de Defensa del Patrimonio. El senador y líder comunista Eduardo Lorier, entre tanto, recordó que el Frente Amplio nunca discutió el tema y que históricamente se manifestó en contra de estas desmonopolizaciones. Y tienen razón.

¿No eran estos mismos los argumentos de quienes defendían la ley de empresas públicas? ¿No fue por decir tales cosas que se los acusó de querer vender hasta “las joyas de la abuela”?  Los sindicatos y la izquierda ideológica merecen saber cuándo se cambió de opinión y por qué. Según el presidente Vázquez, no cabe más que aceptar la realidad derivada de los “avances tecnológicos”, pero eso ya se conocía quince años atrás, cuando lideró la campaña para derogar la ley de empresas públicas. De hecho, podría estatizar los servicios de telefonía celular, liquidar las operaciones de Movistar y CTI y terminar así con semejante pérdida de soberanía. Astori se lo achaca a una tendencia histórica hacia el fin de los monopolios, pero ésta era perfectamente verificable en aquel lejano 13 de diciembre de 1992, cuando la ley (con los votos de Sanguinetti y el Foro Batllista) fue finalmente derogada por decisión popular. Si esa fuera la razón, no deberíamos entregar nuestras riquezas tan dócilmente.

Pero el problema no es Skype ni el neoliberalismo sino Aristóteles. Hace unos dos mil trescientos años, el sabio griego alertaba en su Metafísica que “es imposible que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en un mismo sentido”. Dicho de otro modo, si la caída en manos privadas y extranjeras de la telefonía y la provisión de combustibles, significara la pérdida de la soberanía nacional, como se dijo hace quince años, la libre competencia que ahora se proclama para tales prestaciones sólo podría traernos la ruina y la desaparición como país. Por fuerte que sean las tendencias económicas y tecnológicas, deberíamos enfrentarlas con dignidad. Podríamos reivindicar en el MERCOSUR o el Grupo de los veinte nuestra convicción de que los monopolios estatales pueden ser de utilidad, para ver si se nos suman otros países o bloques. Nuestra acción dejaría estupefacto a casi todo el mundo, salvo a los integrantes del ALBA (grupo liderado por Chávez e integrado por los países más pobres, corruptos e inestables del continente) que marcha en sentido contrario al resto de la humanidad.

En cambio, si nuestros dirigentes llegaron a la conclusión de que los monopolios nos empobrecen y nos quitan libertad y que la competencia, debidamente regulada, nos permite acceder a servicios mejores y más baratos (dicho de otro modo, nos hacen más soberanos sobre nuestro dinero y nuestro destino) deberían proclamarlo a los cuatro vientos. El próximo Congreso del Frente Amplio podría ser una buena campana de resonancia para que todos puedan salir del engaño en el que vivieron durante décadas. El proceso de discusión no sería apacible pero nos permitiría medir el coraje cívico y las buenas razones de sus promotores. Si todo sale bien, se promovería un cambio radical en el menú de ideas de nuestros compatriotas; esto es, una verdadera revolución.

Después de todo, el Parlamento acaba de votar la ley 18.159, que defiende la libre competencia y condena a los monopolios. Según la flamante ley, “todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo, están obligadas a regirse por los principios de la libre competencia”. Justo es decir que su artículo 2, además de consagrar que “todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia”, reconoce como excepción las “limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general”. Para tratarse de la defensa de la soberanía nacional contra la voracidad de las multinacionales capitalistas, el enunciado es bastante parco.

Por ahora, no sabemos si el cambio de rumbo se debe a cuestiones contingentes como las pretextadas o refleja un convencimiento más profundo sobre las ventajas de la libertad. La izquierda jurásica, que coloca los postulados de Marx por encima de los vaivenes tecnológicos o las eventuales tendencias del capitalismo como si se tratara de una cuestión de fe, merece al menos una explicación. El resto de la sociedad, que celebra este baño de realidad de tan altos dirigentes, también.