Descontrol carcelario. Lo que hay que hacer

La situación del sistema penitenciario ha llegado a un extremo completamente inaceptable. Las imágenes que se difundieron sobre peleas entre presos en el COMCAR muestran el total descontrol existente y la ausencia completa de autoridad del Ministerio del Interior.

Se han convertido en informaciones normales los casos de crímenes o suicidios de personas privadas de libertad. Se asume como obvio que los funcionarios a cargo de los presos sean ridículamente pocos para, ya no atender, sino controlar a centenares de presos.

Se reiteran los casos, cada vez más frecuentes, de presos que desde la cárcel dirigen bandas delictivas o, directamente, a través de un sorprendente acceso a líneas telefónicas celulares e internet, realizan maniobras de estafa o extorsión a cualquier ciudadano.

La situación del sistema penitenciario es absolutamente desproporcionada con el nivel de desarrollo que, en otros indicadores, exhibe nuestro país. Es totalmente incompatible con la calificación de una democracia plena; es totalmente incompatible con los niveles de pobreza que nuestro país exhibe (medida por ingresos).

Sin embargo, es totalmente congruente con el grave y escandaloso deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana y de integración social. Las estadísticas delictivas indican un incremento de los delitos violentos que, en términos comparados, se deben calificar de una epidemia puesto que, por ejemplo, los homicidios están en una tasa que, en términos internacionales se califica como de muy grave.

La horrenda situación en que se encuentra el sistema penitenciario indica que lo que allí ocurre sólo contribuye grandemente a aumentar el deterioro de la convivencia social.

Parecería que al gobierno definitivamente no le importa nada esta situación. Su pasividad ha sido extrema y la mantención del mismo equipo ministerial, que en pocas semanas cumplirá el record de nueve años al frente de esa cartera, es la prueba definitiva de que nada se puede esperar del actual gobierno.

Particularmente grave nos parece que este gobierno se autocalifique de izquierda y que, sin embargo, haya tenido esta gravísima omisión con respecto a las personas privadas de libertad. Pasaron de la ingenua y tonta mirada del 2005, en la que las personas privadas de libertad eran solamente víctimas de la sociedad y sus estructuras injustas, a convertirlos en individuos condenados a vivir el mayor infierno del que saldrán convertidos en peores delincuentes, como si fueran parte de una sociedad con indicadores africanos.

Un horror que, alguna vez, la sociedad uruguaya sancionará con toda la energía.

Pero estamos al final de este gobierno inerte y fracasado; por lo tanto, lo que importa es proponer las alternativas.

Justamente, nosotros hemos trabajado en la elaboración de propuestas e iniciativas en todos los temas que afectan al país y, por cierto, también en materia de política penitenciaria. El diputado Daniel Radío ha trabajado fuertemente en la elaboración junto a otros técnicos de nuestro partido en la propuesta para el sistema carcelario.

En primer lugar, poner en práctica de una vez por todas, la decisión adoptada por todos los partidos, de convertir el Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado, separado del Ministerio del Interior, con su propia autonomía y orientado a buscar la efectiva rehabilitación de todas aquellas personas privadas de libertad que están en condiciones de reinserción social.

En segundo lugar, impulsar una efectiva y urgente reforma locativa que implique la eliminación del hacinamiento, aunque parezca mentira hay que promover que cada recluso cuente con una cama con su colchón y frazada; que exista alimentación adecuada y espacios físicos para comer que no sea en la propia celda; con iluminación y acondicionamiento térmico.

Para todo ello es necesario reducir el tamaño de los centros penitenciarios, eliminando los grandes establecimientos y sustituyéndolos por espacios adecuados que permitan el trato personalizado de los detenidos.

En tercer lugar, hay que dotar al Instituto Nacional de Rehabilitación de un personal encargado de la custodia, el cuidado y la atención de los presos. No es el policía el que debe encargarse de esta tarea; el personal policial debe encargarse de la represión y detención; la rehabilitación y el cuidado de las personas privadas de libertad requieren de otro tipo de recursos humanos que deben estar a cargo de estas funciones.

El personal del Instituto Nacional de Rehabilitación deben ser educadores, asistentes sociales, psicólogos y deben estar capacitados para el trato, control y disciplina en cada establecimiento carcelario. Sin perjuicio del personal de control policial que debe acompañar al personal especializado y del control perimetral carcelario que está a cargo de efectivos militares.

En cuarto lugar, hay que desarrollar efectivamente una batería de medidas alternativas y de castigos penales diferentes a la privación de libertad con incorporación de tecnología adecuada para el control eficaz y efectivo del cumplimiento de esas penas alternativas.

En quinto lugar, y probablemente lo más importante, se debe mejorar sustancialmente la estadía en los establecimientos penitenciarios. No se puede mantener a las personas privadas de libertad todo (o casi todo) el día encerrados en sus celdas. Hay que desarrollar actividades carcelarias, los espacios físicos deben estar en condiciones adecuadas de higiene.

Y, fundamentalmente, deben ofrecerse alternativas de educación y empleo, así como de recreación y deporte, incrementando las posibilidades de trabajo dentro de los recintos.

También se deberá controlar de manera estricta las comunicaciones con el exterior, para evitar las acciones delictivas desde dentro de la cárcel.

Tiene que proporcionarse las condiciones adecuadas para las visitas en términos de control e infraestructura (salones, mobiliario, juegos infantiles para las visitas de los hijos) y la gestión adecuada de la atención de la salud con medicamentos y atención de urgencias, tratamiento de adicciones y de enfermos terminales.

Y, además, debe realizarse una preparación para el egreso para aquellos que se acercan al tiempo de recuperar su libertad.

Finalmente, se deben mejorar las condiciones de liberación y el fortalecimiento de la reinserción social. Hay que coordinar con los familiares y amigos, hay que diseñar redes de inserción y contención social y acompañamiento con profesionales adecuados.

Todas estas medidas se pueden realizar en nuestro país, porque como ha dicho muchas veces el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, los uruguayos tienen que pensar que las personas que están hoy privadas de libertad, en algún momento saldrán en libertad nuevamente y, aunque sea sólo por esa razón, deberíamos comprometernos con un cambio sustancial en las condiciones de nuestras cárceles.

Hoy somos un caso de vergüenza internacional. Nuestro compromiso es un radical cambio de esta situación que impactará inmediatamente en las condiciones de seguridad ciudadana e integración social.