Descentralización, democracia y burocracia

Pues bien, la propuesta del gobierno frenteamplista consiste en instalar Juntas Locales electivas en todas las localidades mayores a dos mil quinientos habitantes, dejando en manos de la designación por parte de los Intendentes la instalación de Juntas Locales en aquellos pueblos de menos de dos mil quinientos habitantes.

Más allá de que existen impedimentos jurídicos para instrumentar esta propuesta tal como se la ha presentado, puesto que la Constitución establece algunos marcos normativos que están afectados por la propuesta; lo importante en esta primera etapa es analizar la propuesta desde el punto de vista de su valor conceptual y de su interés político.

En definitiva, la primera interrogante que debemos responder consiste en establecer si es bueno o malo para nuestro sistema político institucional que se generen espacios gubernamentales de escala local o, por el contrario, si la actual estructura de dos escalones: Gobierno Nacional e Intendencias Departamentales es suficiente para hacer posible una adecuada expresión de la democracia y su dimensión representativa.

Pues bien, desde nuestro punto de vista debemos reconocer que la idea de generar espacios de gobierno a escala local es compartible y ha sido una de nuestras preocupaciones históricas, puesto que somos concientes de que la instancia local de participación y representación puede fortalecer y alimentar la calidad de la democracia.

Los gobiernos locales pueden representar espacios de participación y mayor proximidad de los vecinos con respecto a la "cosa pública", permitiendo niveles de involucramiento ciudadano y de participación social y política más densos.

Sin embargo, esta apuesta no está exenta de riesgos. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de que la amplificación de los ámbitos institucionales no redunde en una mayor participación de los ciudadanos, sino que por el contrario se convierta en una nueva forma de burocratización y expansión del gasto público.

En efecto, resulta muy fácil que la puesta en marcha de estos espacios se acompañe de la incorporación de una nueva burocracia local que, tarde o temprano, termina legitimándose a sí misma.

Por otra parte, si la instalación de gobiernos locales no está acompañada de una verdadera red de organizaciones sociales que permitan la participación ciudadana desde la sociedad civil, el riesgo de generar una burocracia inútil es realmente mayor.

Si, además, vemos el tejido gubernamental en sus tres niveles tendremos la sensación de que se puede estar exagerando en la construcción de instancias institucionales. Sin embargo, la pregunta que habría que hacerse es si lo que sobran son las instancias locales que se pretende crear o, por el contrario, quizás debamos reconocer que tenemos demasiados gobiernos departamentales para nuestro territorio.

Entonces, quizás la discusión deba reorientarse hacia la evaluación sobre la pertinencia de tener diecinueve Departamentos en vez de contar con ocho o nueve regiones que tengan a su cargo las potestades actuales de los Gobiernos Departamentales y, por debajo de ellas, sí poner a andar una extensa red de gobiernos locales integrados por un Alcalde y el correspondiente Consejo Local.

Por supuesto que esta alternativa requiere de una reforma constitucional. Pero, en definitiva, si queremos discutir en serio la descentralización y buscamos propiciar otra dinámica político-institucional en nuestro país, seguramente el actual marco normativo no es favorable a tales objetivos.

De cualquier modo, al ingresar en este debate que, desde ya, nos parece interesante y promisorio, debemos recordar que la experiencia de Montevideo ha sido muy frustrante. En efecto, la instalación de los dieciocho Centros Comunales Zonales en la capital del país bajo la consigna de promover la descentralización, no ha hecho otra cosa que "montar" un conjunto de estructuras burocráticas inútiles que de poco y nada han servido para promover la participación ciudadana y, por el contrario, han producido una significativa inflación burocrática que no representa ninguna mejora en la calidad de la democracia de la capital.