Debajo de la pata

La ley que creó el tercer nivel de gobierno lo autorizaba en la medida que no lo prohibía en su texto, y todo lo que no está prohibido expresamente por la ley le está permitido a los individuos. Sin embargo, como la Corte Electoral había establecido esa prohibición al aprobar el reglamento de las elecciones de mayo, entonces era necesario que la ley expresamente lo habilitara.

Esta propuesta contó, además, con el apoyo y la firma de todos los legisladores del Partido Colorado que comparten esta misma posición y se sumaron individualmente un par de legisladores del Partido Nacional.

No obstante, nuevamente los dos partidos mayoritarios, cuyos ministros en la Corte Electoral habían votado la prohibición, volvieron a coincidir poniéndoles un corsé a los ciudadanos e impidiéndoles el ejercicio de su libre derecho de elegir a los mejores en cada nivel de gobierno.

Así fue que esta semana el Parlamento ratificó la prohibición al rechazar nuestra propuesta.
¿Cuál es la razón que motiva esta postura? ¿Por qué los dos partidos mayoritarios vuelven a coincidir en esta posición que es contraria al derecho y limita la libertad electoral?
Sencillamente porque quieren que los intendentes tengan todo el poder. "A los alcaldes hay que tenerlos debajo de la pata", escuchamos decir a algún dirigente por ahí.

Porque muchas veces quienes reclaman descentralización solo la reclaman con respecto a las Intendencias y el Gobierno nacional, pero luego la niegan en los hechos cuando se trata del nivel de los Gobiernos locales.

Muchos descentralizadores de la Intendencia para arriba, reclamando más recursos y competencias para los Gobiernos departamentales, paradójicamente son muy centralistas de la Intendencia para abajo, dejando sin recursos ni competencias a los Gobiernos locales.

La reivindicación del voto cruzado, además de tener todo el respaldo y la legitimidad normativa porque no está prohibido expresamente, está en línea con la actual estructura de nuestro sistema electoral. Efectivamente, con las actuales reglas de juego, los votantes pueden elegir presidente y Parlamento de un partido e intendente y ediles de otro simplemente porque las elecciones se realizan en fechas diferentes.

Es lógico que los ciudadanos puedan votar partidos diferentes para diferentes niveles de gobierno; de hecho, un número elevado de electores vota a un partido en octubre y a otro partido en mayo. De modo que nuestro sistema electoral permite que los ciudadanos voten partidos diferentes en diversos niveles de gobierno.

Por lo tanto, ¿por qué impedir que un ciudadano vote al Gobierno departamental a un partido y al Gobierno local a otro? ¿Simplemente porque se vota el mismo día? Si la ley establece que el Gobierno departamental y el Gobierno local se votan en hojas separadas, esto quiere decir que es posible el voto cruzado.

La única explicación tiene que ver con atar a los alcaldes con los intendentes. No es casual que los partidos que se oponen al voto cruzado sean los que tienen chances de ganar los Gobiernos departamentales. Muchos de los intendentes quieren maximizar la chance de que los alcaldes sean de su mismo partido. Incluso pueden tener miedo de perder votos con alcaldes que tengan alta popularidad y que entonces no arrastren el voto para el intendente de su propio partido. Parece que no les alcanza con tener mayoría automática en las Juntas Departamentales, lo que les permite mantener muchas veces decisiones insostenibles políticamente: también quieren tener el control sobre los Municipios.

Pero aquí lo que está en juego es la libertad del votante y no los cálculos menores de los juegos internos de los partidos. Sin embargo, se usa el peso político, en la Corte Electoral y en el Parlamento, para obstaculizar el voto cruzado.

Sería bueno preguntar a los habitantes de los Municipios qué prefieren. Seguramente la gran mayoría desea votar libremente a aquellos candidatos de su preferencia. Está en la esencia de la descentralización y de la creación del tercer nivel de gobierno que los ciudadanos elijan al mejor vecino, con independencia del partido que opten para el Gobierno departamental.