De espaldas a la producción y el empleo: U$ 120 millones de UTE para rentas generales.

El gobierno da la espalda a los reclamos de mejora de la competitividad que de manera cada vez más evidente formulan los sectores productivos de este país. Encerrado, enojado, ciego y sordo; el gobierno insiste en el camino de profundizar un círculo vicioso que aumenta los costos de producir en nuestro país e impacta directa e indirectamente en la mantención de los puestos de trabajo.

Esta semana el gobierno ordenó a UTE que transfiera U$ 120 millones de su superávit a Rentas Generales. Con ello se reitera la evidencia del creciente déficit que las cuentas públicas ostentan y la urgencia de tomar recursos de donde sea para evitar su agravamiento.

En efecto, desde que comenzó este gobierno la dinámica de la política económica ha estado orientada a pronosticar crecimientos exagerados, que nunca se cumplen, y expandir el gasto en relación a tales pronósticos, por lo que el déficit fiscal, en vez de reducirse como se prometió al comienzo de este gobierno, se ha consolidado y ha aumentado. Tales circunstancias han llevado a que el gobierno realice diversos y sucesivos ajustes buscando incrementar la recaudación por la vía de aumentar impuestos y tarifas públicas.

La mejora de gestión de UTE y las inversiones generadas en la diversificación de la matriz energética no se han traducido en una reducción de la tarifa eléctrica, sino que esta sigue siendo elevada, afectando directamente los costos de producción de todo el aparato productivo. Y ello ha ocurrido a pesar de que el ente ha generado importantes ganancias en los últimos años; pero igual que ahora estas ganancias se las "come" el Estado central para amortiguar el deterioro de las cuentas públicas.

Ni hablar de lo que ocurre con ANCAP, en este caso la situación es aún peor. Desde el 1° de enero de 2015 los hogares y las empresas uruguayas pagamos un sobreprecio por el combustible que es "hijo directo" de la catástrofe de la gestión de Sendic y su grupo, alentado por el exPresidente irresponsable y su famoso equipo económico "paralelo" de gobierno.

En efecto, el Record Guinness de haber fundido la empresa más grande del país funcionando en régimen de monopolio en el momento de mayor crecimiento en la historia reciente del país y con precios muy bajos del crudo y del dólar, determinó que los uruguayos tuviéramos que poner U$ 800 millones de dólares en esa empresa para evitar que cerrara.

O sea que los uruguayos pagamos, a nivel de los hogares y de las empresas, tarifas eléctricas y de combustible incompatibles con la competitividad y el empleo.

Esta situación que se viene agudizando desde que comenzó el actual gobierno, ha sido ignorada o despreciada por los jerarcas del equipo económico que siguen operando en la lógica de aumentar el gasto y, luego aumentar los ingresos por la vía de impuestos, tarifas o transferencias de las ganancias de las empresas públicas.

¿Quién paga la cuenta? Todos los uruguayos. Las familias, las empresas y los trabajadores. El país es caro y producir se hace cada vez más costoso, por lo que los empleadores ajustan por donde pueden y reducen su plantilla de trabajo generando un aumento del desempleo.

El reclamo de los sectores productivos por la mejora de la competitividad, que se expresó con contundencia a partir de comienzos de este año, no fue atendido por el gobierno. Por el contrario, la reacción del Presidente Vázquez y su equipo fue de confrontación, rechazo e incapacidad de diálogo. Y las tímidas medidas que impulsó en los primeros meses del año fueron más simbólicas que reales.

Lo cierto es que el gobierno está encerrado y enojado; pero además no está dispuesto a tomar medidas que impliquen la restricción del gasto público, causa profunda de la crisis de competitividad, ni está dispuesto a tomar medidas significativas que permitan dinamizar la economía, el aparato productivo y, por lo tanto, la recuperación de fuentes de trabajo.

Días pasados el Parlamento aprobó normas que buscan promover el empleo; pero estas medidas que configuran un intento del gobierno de contrarrestar la tendencia a la reducción de puestos de trabajo, son a todas luces insuficientes si no están acompañadas de decisiones de política económica que impliquen la reducción de los costos productivos. Esto se traduce directamente en la rebaja de los costos tributarios o de las tarifas energéticas, cosa que no ha ocurrido ni ocurrirá.

La decisión de esta semana anunciando que ordenó a UTE la transferencia de U$ 120 millones a Rentas Generales, afectando la posibilidad de que esta empresa pueda reducir las tarifas, son una nueva ratificación de que nada puede esperarse del actual gobierno, en el año que queda, en materia de mejora de la competitividad.

Al contrario, todo indica que el panorama fiscal se va a complicar aún más y ello probablemente lleve a que el gobierno necesite nuevos recursos para enfrentar el déficit, lo que inevitablemente agravará el problema de competitividad y empleo.

Lamentablemente, lo esperable es que "patee la pelota para adelante" para llegar al final de su período sin tomar ninguna medida relevante. Los problemas, mientras tanto, se acumulan y se convierten en un desafío muy relevante para el próximo gobierno.