De carne somos, compañeros

Las denuncias de irregularidades que involucran a jerarcas del oficialismo revelan más de lo que parece. La administración frentista enfrenta las consecuencias de la falta de competencia y contrapesos políticos reales, contracara de su enorme éxito electoral.

La izquierda uruguaya asiste a los funerales de su concepción genética sobre los pecados en la administración pública. Se creía, con ingenuidad no exenta de soberbia, que el complicado fenómeno del manejo del poder encontraba en sus elites un muro infranqueable de principismo y probidad. La corrupción, la indolencia y el nepotismo,  eran propios de la decadencia de colorados y blancos. Algunos incluso creyeron advertir que tales excesos emanaban de la “ideología neoliberal”, con lo que terminaban de sitiar a los infieles en su castillo.  No sin dolor, los frenteamplistas empiezan a comprender que sus dirigentes están hechos de la misma materia y enfrentan idénticas tentaciones que el resto de los mortales. Más aún; son mortales, aunque su edad avanzada sugiera lo contrario.

En el caso de las denuncias, puede observarse que ciertas  singularidades políticas del oficialismo generan más problemas que soluciones. Una de ellas es el rotundo éxito político que el Frente Amplio ha cosechado en Montevideo durante los últimos veinte años. Cuando el exdirector de Casinos, Juan Carlos Bengoa, elaboró un plan de gestión que podía enjugar el déficit detectado, la Junta Departamental lo rechazó. Nadie quiso cargar con los costos políticos de cerrar las salas. Sólo un partido que no vea amenazado su triunfo puede timbearse de ese modo quince millones de dólares de los contribuyentes. Algo similar ocurrió con la firma del convenio salarial con los funcionarios, que le costó a los montevideanos treinta y cinco millones de dólares más.

Otra de las características emergentes en este delicado momento, es la ferocidad de la interna oficialista. Quizás no sea más que un módico tributo a una unidad ideológica imposible, pero alcanza para desatar una guerra de acusaciones y pedidos de renuncias que amenaza con volverse inmanejable.

La dirigencia frenteamplista tiene claro que para mantener la mística de la honorabilidad debe ser drástica con los desviados, aunque a veces se saltee las garantías del debido proceso. A esto se suma cierto espíritu jacobino, que tiene en el “marenalismo” su expresión más reciente pero que acompaña a la izquierda desde sus orígenes, en la Francia posrevolucionaria.

Si la estrategia comercial elaborada por Bengoa para no cerrar las salas contó con el beneplácito y la rúbrica de las jerarquías municipales ¿por qué se reclama su renuncia como director de una  modesta repartición y no la de los ministros Mariano Arana y María Julia Muñoz, que eran sus superiores?  Contrariamente a lo que se piensa, el desenlace de los casos de Nicolini y Bengoa muestra la prevalencia de lo político por sobre lo ético: como la necesidad de minimizar eventuales costos electorales es más fuerte que el espíritu fraterno, los compañeros pueden terminar en las fauces de los leones incluso antes de defenderse.

Superada la etapa de la probidad intrínseca, la izquierda uruguaya deberá asumir su dimensión terrenal y aprender a administrar el enorme poder que cosechó, aceptando la conveniencia de los controles y los contrapesos. Al menos si no quiere comprometer su segundo mandato.