DGI-Casal ¿Y aquí no ha pasado nada?

Lo hizo fundamentado en la opinión de numerosos expertos en derecho tributario y en el dictamen del Fiscal de Gobierno, Dr. Daniel Borrelli, que coincide en señalar que la actuación de la Dirección General Impositiva fue notoriamente equivocada y que se habría incurrido en abuso de poder.

El dictamen es tan contundente que se señala que en caso de no llegar a un acuerdo con el empresario, el Estado se expondría a una contrademanda millonaria con altas posibilidades de perder. A tal punto es adversa la evaluación del Fiscal de Gobierno sobre lo actuado por la DGI que sostiene que el Estado podría repetir contra el patrimonio de los jerarcas que impulsaron esta actuación supuestamente indebida.

Sin embargo, en más de una oportunidad el Vicepresidente de la República, Danilo Astori, que en el momento en que se iniciaron las acciones contra Casal era el Ministro de Economía, ha discrepado, incluso agriamente, con la decisión del gobierno de llegar a un acuerdo y retirar los reclamos. Reiteró lacónicamente esta postura una vez que se consolidó el mencionado acuerdo. En el mismo sentido se había pronunciado el actual Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aunque sin embargo terminó acompañando con su firma la resolución de retiro de los reclamos.

No tenemos elementos que nos permitan opinar sobre el fondo del asunto. Por otra parte, no somos especialistas en derecho tributario, por lo tanto no podemos decir si estuvo bien el gobierno en esta decisión o, por el contrario, si debió haber reclamado, como lo hizo antes, al empresario las cantidades correspondientes.

Pero de lo que no quedan dudas es de que en cualquiera de las dos hipótesis se configuran responsabilidades muy relevantes que no pueden soslayarse. No se puede "dar vuelta la página" como si tal cosa, tal como parece pretender el gobierno en su conjunto.

En efecto, el Vicepresidente Danilo Astori debería explicitar con claridad sus discrepancias puesto que no está discrepando sobre un asunto menor o sobre una polémica referida a la orientación de una política; está discrepando con un acto de gobierno particularmente delicado por el que se desiste de un reclamo millonario en dólares. Porque, además, si tuviera razón en su opinión contraria a la renuncia estatal, la firma de este acuerdo estaría configurando un hecho irregular y contrario a derecho, en la medida que se le está perdonando a un particular una deuda de mucha entidad con el Estado, sin que existiera mérito para ello. Sería una situación de enorme gravedad.

Si, por el contrario, el gobierno tuviera razón y el accionar del Ministerio de Economía y, en particular de la DGI ha sido contrario a derecho, desbordando los límites de su actuación y afectando injustamente los derechos de un particular durante largos años, se habrían configurado responsabilidades administrativas y políticas muy serias.

¿Cómo pueden quedar en sus cargos el Ministro de Economía y el Director de Rentas después de haber incurrido en semejante abuso de poder? ¿No existe ningún tipo de responsabilidad? ¿Un jerarca puede actuar durante años excediendo su ámbito de competencia y luego de que el gobierno asume que existió esa irregularidad, cada cual continúa en su lugar sin que se reconozca ninguna responsabilidad administrativa o política?

¿Qué garantías tienen el resto de los contribuyentes si las autoridades que cometieron tal desborde de poder continúan en sus cargos como si nada hubiera pasado? Los jerarcas que son responsables de esta actuación fuera de lugar continúan en sus cargos como si nada hubiera ocurrido.

Sin embargo, parece muy claro que algo grave ha ocurrido cuando se toma esta decisión. O se tomó de manera ilegítima como sugiere la actitud y las declaraciones del Vicepresidente, por lo que estaríamos en presencia de un grave hecho ilícito que se configura al renunciar a los reclamos por parte del Estado; o se tomó en forma adecuada y entonces los responsables de semejante atropello no pueden permanecer en sus cargos.

Sin embargo, han pasado los días y, unos y otros, han decidido "barrer debajo de la alfombra" y "mirar para otro lado". Uno realizando una declaración de lealtad hasta el final hacia el gobierno, con independencia de lo que el gobierno haga. Otro dando por finalizado un episodio sin asignar ninguna responsabilidad a aquellos que por su supuesta conducta negligente y abusiva pudieron haberle costado muchos millones de dólares al Estado

La sensación de descontrol y de pérdida de reflejos sobre las responsabilidades políticas y jurídicas de los actos realizados por cada quien en este gobierno es cada vez mayor. Parecería que la división interna entre mujiquistas y astoristas termina siempre en una especie de pacto por el que nadie toca nada, aunque la realidad rompa los ojos.