Cuarteleros

La discusión sobre las alternativas para resolver el problema de los menores infractores sigue un rumbo tortuoso. Al menos en el discurso político, que difiere bastante del de los técnicos, aparece una y otra vez el fantasma de la edad como una condición relevante, cuando la legislación ya contempla la penalización de los delitos cometidos por menores, sólo que la realidad institucional del país la vuelven prácticamente inocua.

La creación de un instituto especializado en la atención a estos jóvenes, por fuera del INAU, parece no alcanzar. Tanto el senador nacionalista Luis Alberto Lacalle como el frenteamplista Jorge Saravia han vuelto a plantear que sean los militares en sus cuarteles quienes atiendan su rehabilitación, recogiendo lo que parece ser el clamor de algunos sectores de la sociedad, especialmente sensibilizados por los delitos protagonizados por los menores infractores.

La idea es recurrente y poco original. De hecho, cada vez que la sociedad se enfrenta a un problema que no puede resolver recurre a los militares, al menos en el terreno de las propuestas. ¿La Policía no puede contener el delito? Que intervengan los militares. ¿Faltan recursos para levantar casas para los sectores carenciados? Que lo hagan los militares. ¿Infraestructura escasa para el desarrollo productivo? Nada mejor que los militares con sus ingenieros y sus soldados. ¿Menores infractores que delinquen, se escapan del INAU y vuelven a delinquir a las pocas horas? Que reciban instrucción militar en los cuarteles.

Tanta recurrencia debería alertar sobre ciertos prejuicios que sobreviven con relación al rol de las Fuerzas Armadas y sus competencias, así como de lo que la minoridad infractora necesita para dejar de asolar a la sociedad y, de paso, poder construir una vida digna, útil y feliz. Ambas hipótesis son igualmente peligrosas, porque nos hacen suponer que los uruguayos no resolvimos aún para qué están allí sus militares o que los podemos utilizar para cualquier tipo de tareas represivas.

Algunos de nuestros dirigentes políticos creen que el rigor de la instrucción militar va a inculcarle a los jóvenes que delinquieron valores de respeto y disciplina. Es un error, comprensible pero rotundo, que probablemente surja de una percepción equivocada sobre las virtudes que adornan a los jóvenes que no tienen problemas con la ley. En efecto, quienes se integran a la sociedad sin mayores conflictos han incorporado ciertos hábitos de comportamiento que los lleva a respetar la propiedad y la integridad física del prójimo, al menos en términos generales. Pero el desarrollo de tales virtudes no es algo tan sencillo como aprender técnicas de lectoescritura.

El equilibrio emocional, la capacidad de adaptarse al entorno y de manejar las frustraciones sin abollarle el cráneo al vecino ni apoderarse de autos ajenos, guarda relación con el entorno moral y afectivo en el que transcurrieron los primeros años de vida. Sentirse cuidado, protegido, querido, aceptado y estimulado es una condición fundamental para que las personas desarrollemos habilidades intelectuales y sociales. En sentido inverso, la ausencia de tales estímulos puede explicar buena parte de las conductas delictivas, especialmente si el joven se cría además en un entorno de pobreza y exclusión. ¿Cuál de estos asuntos mejoraría  en un joven infractor después de un semestre un cuartel de artillería?

Parecería más razonable apostar a que la nueva institución que atienda a los jóvenes delincuentes les inculque el sentido y el valor de la disciplina, incluso la responsabilidad por el daño cometido a la sociedad, pero en el marco de un proceso pedagógico mucho amplio y significativo en el que el joven se sienta respetado, valorado y  apreciado, que no se parece en nada al de la instrucción militar.