Cuando los niños demandaron a EE.UU.

En un conmovedor caso legal que abre nuevos escenarios frente al cambio climático, un grupo de 21 niños demandó al gobierno de Estados Unidos. El razonamiento es claro: esos niños se presentaron como representantes de las generaciones futuras, sosteniendo que en tanto el gobierno permite el avance del cambio climático violó sus derechos constitucionales a un ambiente sostenible en el futuro. Esos niños una vez adultos, sus hijos, nietos y bisnietos, no contarán con un ambiente de adecuada calidad, e incluso sus vidas podrán estar comprometidas.

La demanda apunta a que el Estado falló en controlar las emisiones de gases invernadero, y éstas desencadenan el cambio climático. Los niños exigen que Washington inicie medidas concretas y efectivas para detener la emisión de gases invernadero y no siga deteriorando el futuro. Lo que está en juego es la equidad en los derechos a un ambiente sano entre las distintas generaciones.

La demanda, conocida como “Juliana vs EE UU” (por el nombre de una de las jóvenes), está en marcha desde 2015, y tuvo un avance sustancial en 2016 cuando un juez reconoció la validez del reclamo. Esto hace que ahora sea el gobierno de Dondald Trump el que le deberá responder a esos niños, justamente un presidente anti-ambiente, conocido por sostener que el cambio climático es un invento y que busca reducir las regulaciones ambientales en su país.

La demanda tiene una amplia cobertura al ser replicada en 50 estados, y es apoyada por una coalición nacional (Our Children's Trust). El principio en juego es el derecho de equidad intergeneracional, o sea que nuestros nietos y bisnietos también puedan contar con un ambiente adecuado para su calidad de vida. Esto impone que el uso que se le da a los recursos naturales en la actualidad no implique efectos negativos tan severos que afecte negativamente a nuestros descendientes, o que el deterioro ambiental que ahora ocasionemos finalmente no estalle de forma irreversible en el futuro. Dicho de otro modo, asegurarnos que las generaciones futuras puedan disponer de un ambiente en el que sea posible su vida.

Más de un lector podrá pensar que esta es otra bizarra práctica que puede ocurrir en una corte estadounidense, tal como se ve en algunas series de televisión. Ante eso sugiero precaución. Por un lado, en Uruguay, como otros países de América Latina, todos los días se impacta al ambiente comprometiendo los derechos de las generaciones futuras. A su vez, Uruguay como el resto del continente, tiene obligaciones con las generaciones futuras, no sólo por una cuestión de sentido común y responsabilidad con nuestros hijos y nietos, sino porque se han firmado varios compromisos internacionales que así lo exigen. Esta idea de legar al futuro un ambiente sano no es nueva, y ha sido parte sustancial de los debates sobre desarrollo sostenible desde la década de 1980.

Hoy sabemos que hay deterioros ambientales que no tienen marcha atrás, contamos con una mejor base científica sobre el cambio climático, los negacionistas de esos problemas están cada vez más desacreditados o se demuestra que trabajan para corporaciones. También podemos decir a aquellos que nos les interesan los temas ambientales pero atienden el bolsillo, que los costos por ejemplo del cambio climático serán astronómicos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que las medidas de adaptación a esos efectos pueden alcanzar 300 mil millones de dólares por año en la década de 2030; otro estudio apunta a que podrían necesitarse US$ 535 millones de millones al final del siglo para reabsorber todo el carbono liberado.

En el avance del caso en Estados Unidos el gobierno ha reclamado rechazar la demanda por improcedente, e incluso las empresas petroleras han querido sumársele en contra de los niños y niñas. Sucesivamente dos jueces han rechazado la postura gubernamental. Una de las juezas en el proceso le respondió al gobierno Trump: “No tengo dudas que el derechos a un sistema climático que sea capaz de sostener la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada”. De esta manera está en marcha el juicio que se espera comience en febrero de 2018.

Uno esperaría que todo esto se entendiera en Uruguay rápidamente ya que el razonamiento es muy similar al que usó el gobierno de Tabaré Vázquez frente al tabaco. El cigarrillo destruye tu salud, pero como además genera muchos enfermos, se convierte en una carga económica que debe pagar toda la sociedad. Por eso hay que alertar sobre sus efectos negativos, que el acceso en el mercado sea mucho más caro (más impuestos) y prohibir algunos usos. En el cambio climático y en otros problemas ambientales es igual: hay actividades humanas que generan contaminación atmosférica que daña la salud de todos, y entre ellas hay gases que recalientan la temperatura del planeta resultando en consecuencias económicas muy negativas que habrá que enfrentar en el futuro. Todo eso requiere acciones cuanto antes.

Los impactos ambientales están cobrando tal magnitud y sus manifestaciones son tan agudas que desencadenan nuevos tipos de demandas judiciales. En Estados Unidos ya hay casos de personas y gobiernos locales que demandan a empresas petroleras como responsables del cambio climático, lo que ha resultado en efectos que dañan sus propiedades, especialmente en las costas.

En la misma línea se inscriben las demandas pensando en las generaciones futuras. Se podrá pensar que eso es un extremo propio de Estados Unidos, pero hay que reconocer su enorme potencialidad. Aquí en Uruguay no se acostumbran o no son posibles demandas de ese tipo, pero me pregunto cómo sería un reclamo de nuestros niños y niñas por la segura pérdida de su calidad de vida cuando lleguen a adultos, y la de sus hijos y nietos.

¿Habría que demandar al gobierno por haber permitido y tolerado que todas las grandes cuencas de agua del país estén ecológicamente comprometidas? Cuando nuestros niños lleguen a adultos deberán enfrentar enormes problemas y costos para acceder al agua potable y descontaminar los suelos y ríos.

¿Habría que demandar al Estado por haber alentado destruir lo que seguramente fueron los más ricos ambientes del país: los bañados? Nuestros hijos, nietos y bisnietos ya no sabrán lo que son esteros y bañados que se extienden hasta el horizonte repletos de vegetación, aves y todo tipo de fauna.

¿Habría que demandar a los políticos y funcionarios estatales que por su ceguera al declarar como áreas de prioridad para monocultivos de pinos y eucaliptos a los sitios ocupados por montes serranos o bosques en galería? Otro tipo de ecosistema de enorme riqueza. Así como demandarlos por alentar el uso de agroquímicos hasta en el último rincón del país, dejando a las generaciones futuras con una carga ecológica enorme para intentar restaurar esos ambientes.

Tal vez no sea posible demandarlo, pero muchos se preguntarán cómo fue posible que la iniciativa del “Día del Futuro”, de la comisión parlamentaria del futuro, y del informe de la asamblea general sobre el futuro, todo aprobado en 2017, no estableciera desde su propio inicio la importancia clave de la temática ambiental.

En fin, hay tantos problemas ambientales que actualmente están en gestación o están madurando, y que requieren medidas enérgicas inmediatas, pero que por esa manía uruguaya que le impide lidiar con el futuro, quedan rezagados. Pero sepan que las inacciones de hoy en día la pagarán nuestros hijos, nietos y bisnietos en un futuro que está más cercano de lo que suponemos.

Para saber más:

Mas información sobre el caso en: Juliana vs US climate lawsit, Children’s Trust, https://www.ourchildrenstrust.org/us/federal-lawsuit/

La demanda original es la de Rose Juliana Kelsey Cascadia, por medio de su tutor, y otros, en un caso de derechos constitucionales, presentado inicialmente en el distrito de Oregon; la demanda completa en inglés en:
https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/57a35ac5ebbd1ac03847eece/1470323398409/YouthAmendedComplaintAgainstUS.pdf

Fotografía de los niños y jóvenes demandantes (tomada de Children’s Trust)