Constitución, democracia e izquierda

Todo parece indicar que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) nos dará dos soberanas cachetadas en los próximos días. El impuesto a las extensiones de más de 2.000 hectáreas (el ICIR) y la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, con votaciones diversas serán declaradas inconstitucionales. Y por si fuera poco, la Corte Electoral, enmendando una carencia o un error propio, fallará contra la continuidad de Jorge Venegas como ministro de Salud Pública.

Es malo para el país, es peor para el gobierno y es muy malo para el Frente Amplio y, todos debemos reflexionar seriamente y serenamente. Hace muy bien el gobierno en reafirmar que acatará lo resuelto por los diferentes órganos del Estado. No puede ser de otra manera. Es en los casos de este tipo donde se comprueba la seriedad y solidez de un sistema democrático y el apego de un gobierno al mismo.

La división efectiva de poderes y el funcionamiento institucional se prueban todos los días y en especial en situaciones de tensión y contradicciones como esta. Y los uruguayos -y su gobierno el Frente Amplio- damos una vez más ante nosotros mismos y ante el mundo una demostración de nuestro profundo respeto democrático. Esto es lo primero y lo más valioso, aunque ahora nos hayamos acostumbrado a actuar así, es necesario reconocerlo, en especial para nosotros mismos. Hemos aprendido mucho. Esto no implica en absoluto que no podamos ni debamos opinar o utilizar los mecanismos institucionales correspondientes.

Hay otras lecciones, políticas, institucionales y técnicas. Despejado el hecho de que no necesitamos lecciones democráticas de nadie y menos del Partido Colorado que gobernó en tantas oportunidades del otro lado de la Constitución, al borde de la Carta Magna y serpenteando por todos sus vericuetos, tenemos que analizar el cuadro político.

Las situaciones no son iguales. En el caso del ICIR el argumento principal de la SCJ ahora se conoce y tiene directa relación con la autonomía departamental. En este caso está claro que todo el discurso de que la Constitución impide gravar con impuestos a los grandes propietarios de tierra se cae por su peso y hablar de reformar la Constitución no tiene ningún sustento.

La consecuencia del fallo de la SCJ será que habrá que devolverle la plata a los que pagaron (unos 10 millones de dólares) y habrá que buscar otros caminos, porque está bien, es correcto que los poco más de mil propietarios de grandes extensiones de tierra con patrimonios inmobiliarios en tierra que superan los 10 millones de dólares y llegan en varios casos a cifras muy superiores deban pagar más que el resto de los productores y propietarios de tierras. Esto para que algunos "desinteresados" compañeros que hoy se callan olímpicamente no distorsionen el centro del debate. No se trata de no cobrarle a los que deben pagar el uso de los caminos, o a los grandes propietarios de tierra: se trata de hacerlo bien y dentro de la estrategia y los instrumentos que se ha dado el gobierno y le han dado innegables resultados.

Los que en su momento nos opusimos a este diseño del ICIR -el equipo económico, el FLS y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre- y luego lo votamos -o lo votaron, porque yo puedo solo escribir y poco más- lo hicieron por lealtad política e institucional, pero advirtiendo que era un camino equivocado. Ahora y una vez más podríamos callarnos y jugar de generosos, pero todo tiene su límite.

Cabe agregar que el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo asumió institucionalmente la defensa del impuesto ante el parlamento y que los legisladores que manifestaron serias dudas, igualmente lo votaron. Ahora perdimos todos. Perdimos tiempo, un año y medio, plata y obras.

El diseño del ICIR era equivocado, mal resuelto técnicamente y además aprovechado para una mínima operación política contra el FLS. Algunos lo entendieron así, otros actuaron de buena fe, lo cierto es que ahora se está estudiando una solución casi idéntica a la que en su momento propuso el equipo económico y dentro del espíritu y el texto de la reforma fiscal. Nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y un buen papelón.

Y varios catedráticos de derecho y algunos de izquierda advirtieron sobre esta posibilidad. Nadie puede argumentar ignorancia.

Ahora hay que comenzar de nuevo, pero...a veces el mecanismo se gasta y las desprolijidades, aunque cubiertas con abundante humo de la prensa "amiga" de cierta izquierda, siguen siendo desprolijidades que lesionan la confianza y la capacidad de trabajar en serio y con credibilidad.

Como nuevamente, sin ningún texto sobre la mesa, sin conocer ningún artículo se vuelve a la carga con amenazas, declaraciones, anuncios de nuevos impuestos o aumentos de impuestos, hay un tema más de fondo que debe considerarse: el diseño de la política fiscal le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y ninguna otra oficina o dependencia del Estado.

Eso por razones de coherencia, de manejar una estrategia de seriedad y autoridad de un gobierno y de su equipo económico. Son temas muy delicados, porque si erosiona esa autoridad y credibilidad se afecta al país, al gobierno y obviamente a la fuerza política. Y sin embargo se insiste por el mismo camino, con el gastado método de las filtraciones de prensa, del show mediático en la prensa "amiga" semanal.

Nada impide discutir, opinar, contradecir y cambiar las propuestas que en materia impositiva elabore el MEF, así se hizo en todos los casos. De esa manera se discutió y modificó, por ejemplo la ley de reforma fiscal. Nadie está limitando el debate: al contrario, lo que no se puede hacer es manosear las instituciones y las personas, los compañeros a los que se les otorgó una responsabilidad.

El primer interesado en ese respeto de la institucionalidad, en el funcionamiento de un debate ordenado y serio dentro de la fuerza política, es obviamente el gobierno, el Presidente de la República, de eso dependen los resultados, los tiempos, el funcionamiento del país y del Estado.

Cada día estamos más cerca de tiempos electorales, o directamente estamos - para algunos - en tiempos electorales y si en los actos de gobierno hay un peso cada vez más evidente de ese tipo de premuras y además orientado hacia la interna del FA y del gobierno, vamos por mal camino. Es una obligación advertirlo.

En todos los casos, que actúen plenamente las instituciones en el marco republicano y democrático, no quiere decir que nos quedemos callados. Por encima de la libertad no hay nada, ni los más encumbrados magistrados.

Podemos criticar decisiones de la Suprema Corte de Justicia con autoridad porque nuestro gobierno y nuestra fuerza política se mueven enteramente dentro de la Ley y la Constitución, también con la seriedad y la serenidad necesaria, de lo contrario y con las mejores intenciones ayudamos a la confusión y a cambiar los ejes del debate de fondo.

En cuanto al caso de Jorge Venegas, la actitud que adoptó el Partido Comunista y el gobierno son totalmente correctas, lo que no me impide una reflexión. No soy angelical, sé que una cuota de cargos corresponde a las fuerzas políticas, pero en la historia del Frente Amplio esa no es su mejor tradición, ni la que pregonó durante años. Los más capaces, los mejores, los con más experiencia y obviamente con un profundo compromiso con el proyecto político general y particular de ese cargo, deberían ser los elegidos. Eso incluye una dosis de autocrítica para todos.

A todo esto hay que agregar que en el sarpullido del verano, luego del lamentable episodio del ICIR, que termina con la derecha, los latifundistas y todos los adversarios del gobierno frotándose las manos otra vez, y desde casi las mismas tiendas surge el tema de la redistribución de la riqueza, y del uso del izquierdómetro. Entendamos bien, el ICIR tiene tanto que ver con la redistribución de la riqueza como la caminería rural con el Impuesto de Primaria. Nada.

Seamos serios.