Censo postergado: lo poco que importa la situación demográfica de la agenda pública

Es una señal inequívoca de la poca importancia que se le otorga a la realidad demográfica de nuestro país y, por lo tanto, a las correspondientes políticas de población. A pesar de que todos los diagnósticos y análisis indican que nuestra realidad demográfica no es positiva, a pesar de que nuestro país presenta una combinación de datos demográficos que deberían llamar a la preocupación y a la acción, a pesar de que el Presidente de la República hace menos de quince días señaló la importancia de estos temas, somos un país que no otorga prioridad en su agenda pública a los temas demográficos.

Durante buena parte del siglo XX nuestro país careció de información censal, desde 1908 hasta 1963 "volamos a ciegas" desde el punto de vista demográfico, confiados en el éxito del viejo Uruguay modelo, contentos y autocomplacientes con nuestra realidad, no nos preocupamos por conocer nuestra realidad demográfica.

Recién cuando la crisis se hizo evidente y en el marco de un importante esfuerzo de diagnóstico, a partir de la CIDE y con la preocupación por entender lo que nos estaba pasando, se realizó el primer Censo moderno en 1963.

Todos los países del mundo llevan adelante un Censo cada diez años. El objetivo es mantener actualizada la información básica sobre nuestra población, su tamaño, su evolución, sus movimientos migratorios internos e internacionales, sus cambios en las características básicas sociales y económicas. Se trata de una información insustituible que requiere un esfuerzo importante pero imprescindible para mantener un cierto grado de conocimiento sobre nuestra realidad y para colaborar a diseñar con mayor precisión e inteligencia las correspondientes políticas públicas.

Pues bien, luego de 1963 el país mantuvo cierta conducta de periodicidad censal hasta 1996. En efecto, el siguiente censo no se realizó en 1973 por el golpe de Estado, pero se realizó en 1975, luego en 1985 y en la década siguiente se postergó un año por razones técnicas, realizándose en 1996.

Aunque parezca mentira, sin que existan razones de fuerza mayor, desde 1996 a la fecha no se ha realizado un nuevo Censo de población completo. Para compensar la ausencia, en 2004 se hizo un recuento de población muy básico que no sustituye la notoria ausencia.

Se anunció que en este año se realizaría el nuevo Censo y ahora resulta que se lo pospone para el año próximo, de modo que habremos transcurrido una década y media sin contar con este instrumento básico para cualquier política de población.

Sin ingresar en comparaciones con el mundo desarrollado, que serían impactantes, basta simplemente compararnos con otros países de la región para constatar nuestra carencia.

Chile ha implantado un Censo por década desde 1920 y sólo movió un par de años los últimos dos en 1992 y 2002, en lugar de 1990 y 2000. Argentina comenzó la periodicidad decenal en 1960 y ha mantenido esa conducta moviendo el Censo sólo en 1990 a 1991 y del 2000 a 2001; por su parte Brasil ha mantenido su disciplina censal desde 1940 cada diez años.

Nadie puede decir que los problemas técnicos son mayores en Uruguay que en otros países. Por el contrario, no debe haber país en donde sea más fácil realizar un Censo que en el nuestro; poca población, homogénea, sin múltiples lenguas, ni accidentes geográficos relevantes y en un territorio pequeño. Comparemos el esfuerzo con Brasil, Paraguay, Chile, Argentina o cualquier otro país de la región.

Simplemente hay una única razón para esta desidia: la falta de prioridad por estos asuntos que hacen a la situación demográfica de nuestro país.

No se comprende la importancia de las políticas de población, la necesidad de conocernos mejor y de afinar la puntería sobre lo que tenemos que hacer en relación a nuestra problemática poblacional.

Desde hace años hemos intentado llamar la atención sobre esta situación, pero la decisión del INE de la semana pasada demuestra con contundencia que la agenda pública uruguaya sigue dejando de lado los asuntos poblacionales.

En todo caso da la razón a los datos de un estudio reciente que realizamos desde el Instituto RUMBOS y que señalaba que para los líderes nacionales del campo político y gubernamental la problemática demográfica no era prioritaria.

La decisión del INE de esta semana comprueba con énfasis esta afirmación.