La marcha mundial por la liberalización de la marihuana recala este sábado, una vez más, en el viejo molino de Pérez. El coraje de los organizadores locales no tiene parangón: no sólo se exponen a la censura de la moral convencional sino que corren el riesgo de terminar fichados por promover la libertad. El debate en torno a este tema es perverso, al punto que las víctimas de este avasallamiento deben justificar por qué reclaman su derecho, mientras que los victimarios responden con desdén, sentados en los sillones de la burocracia careta. Antes el caretaje era de derecha o neocon. Ahora es progre, pero tanto da.
Yo creo que es al revés. Quienes deben explicar por qué la marihuana está ilegalizada y no otras sustancias psicoactivas son ellos. Quienes deben explicar por qué un ciudadano tiene derecho a tomar alcohol y no a fumar cannabis son ellos. Quienes tienen que buscar en sus mentes oscuras las razones por las cuales un comerciante puede vender grappa y ron pero no marihuana son ellos. Quienes deben al menos esgrimir un argumento racional y convincente para justifica que alguien termine preso por consumir marihuana mientras otro bebe whisky a mares en una acto protocolar son ellos.
¿Razones médicas? ¿Cuáles? ¿Razones morales? ¿Razones profilácticas? ¡Por favor! Cualquier sociedad medianamente democrática es un muestrario de conductas y preferencias que van desde las expresiones de la antigua virtud puritana con las más excéntricas y censuradas exhibiciones del descaro. Eso ocurre con la política, la filosofía, la ética, la religión, el sexo y el arte. Sin embargo, hay un puñado de sustancias que parecen encarnar la esencia del mal. La lista es tan arbitraria, tan antojadiza y prejuiciosa, que nadie se anima a explicar por qué unas están prohibidas y otras no.
Hay interpretaciones ideológicas que pretenden extender las responsabilidades de los organismos estatales sobre la Salud Pública, hasta los límites de la Virtud Pública. El resultado es fácil de imaginar: cada avance sobre la virtud (cualquier cosa que eso quiera decir) constituye un retroceso de la libertad individual, y en esa medida, una forma de enajenarnos, de empobrecernos, de embrutecernos, so pretexto de purificarnos.
Sin embargo, son ellos los que tienen que explicar por qué creen que los ciudadanos nos vamos a beneficiar de la imposición de un modelo excluyente de virtud y moral ciudadana, impuesto de manera irracional y acrítica. ¿Por qué habríamos de resignar el derecho a disfrutar de nuestro cuerpo y nuestro entorno desde perspectivas sensoriales alteradas por el consumo de ciertas sustancias, en nombre de vaya a saber qué sentido de la virtud y la salud?
Ahora que rememoramos los cuarenta años del mayo francés y la revuelta generalizada del 68, deberíamos pensar dónde se encarnan hoy los valores decrépitos que aquellos jóvenes ayudaron a sepultar. Esa moralina que censura por peligrosa toda alteridad y toda ausencia de la realidad, esa versión momificada del ser humano según la cual la única dimensión de la existencia es nuestro ser colectivo y civilizado, alejado de su dimensión lúdica, cósmica y animal. O como diría Charly, "esa careta idiota que tira y tira para atrás".
Agarrate Catalina
El resultado del encuentro de la semana pasada entre el gobierno y el PIT-CNT augura una relativa calma social, pero no deja buenas noticias para los más pobres. Según trascendió, la Administración Vázquez piensa otorgar un "aumento sustancial " del salario mínimo, una medida de toda justicia si se piensa que así se mejora la situación de los trabajadores de menores ingresos pero que termina siendo sumamente injusta con los que no tienen salario.
Quienes reciben los salarios mínimos son los trabajadores menos calificados, aquellos que más sufrieron la recesión y la crisis del 2002. A sus espaldas se encuentran los asalariados que, teniendo similares o inferiores calificaciones, no alcanzaron a conseguir dónde trabajar. ¿Qué puede pasar con ellos si se aumenta significativamente el salario mínimo por una decisión administrativa y no como resultado de un aumento de la productividad de las empresas?
Un resultado posible es que el aumento se financie prescindiendo de alguno de los empleados. Esto es, que el aumento de unos se pague con la desocupación de otros. Otra consecuencia, inmedible pero factible, sería que un empresario dispuesto a contratar más empleados (es decir, que iba a generar nuevos puestos de trabajo) reduzca esa plantilla de modo de descontar el aumento a decretarse. Nuevamente estamos ante un juego de suma cero: lo que ganan unos trabajadores de bajos ingresos lo pierden otros que están en condiciones de vida todavía peores.
Quizás el gobierno estime `que ningún empresario va a dejar de ganar dinero, con una economía en crecimiento, porque deba aumentar los salarios más bajos. En este escenario, la acrecencia salarial saldría de las utilidades de los patrones. Pero antes de que eso ocurra (los capitalistas se dedican a incrementar la riqueza para quedarse con el vuelto, no para compartirlo) todo el que pueda va a intentar que el aumento lo pague el cliente, de modo que la tentación de trasladar este nuevo costo a los precios será irrefrenable. De ser así, ¡Agarrate Catalina! En el mejor de los casos, el aumento entrará por un bolsillo y saldrá por otro.
Si el aumento salarial pudiera resolverse por decreto, no existirían pobres en el mundo. Al menos no en aquellos países como Uruguay, que cuenta con un sistema democrático, un gobierno sensible, una conducción económica pragmática y un porcentaje de pobres e indigentes que se resisten a bajar. Podrá discutirse si el sistema de negociación colectiva es el adecuado para obtener aumentos salariales o si el mercado por si solo alcanza para trasladar a los menos favorecidos al menos una parte de la ganancia que ayudan a crear. Lo que nadie duda es que un aumento de los salarios económicamente saludable debe tener una directa correlación con la productividad.
No faltará quien asocie estos anuncios con la proximidad del año electoral. A este procedimiento de generosidad tardía que caracterizó a los anteriores gobiernos (exceptuado el de Batlle), el senador Rafael Michelini lo llamó "carnaval electoral" y tenía razón. Hay que ver cómo le llama ahora.
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