CYBERTARIO

En efecto, Vázquez no puede hacer lo que quiere porque la ley está por encima de todos, y eso incluye al presidente de la República. Obligar a un particular a hacer lo que la ley no manda está por fuera de su esfera de poder, como le debe ocurrir a cualquier presidente democrático en el mundo. Es significativo que un ministro no comprenda (o finja no comprender) un asunto de semejante relevancia.

Si bien a Fernández no se le puede pedir mucho en el plano intelectual, algunos de sus dichos lo colocan al nivel de un mal estudiante del Secundario. Cuando afirma que si Botnia no quiere parar las obras por noventa días es porque está eludiendo el estudio de impacto ambiental, incurre en lo que se conoce como "falacia de falsa oposición", ya que nada impide que se realice el ansiado estudio sin que se detengan las obras. El resultado confirmaría por tercera vez que la producción de celulosa de Botnia y Ence no va a afectar el medio ambiente más allá de lo aceptado por los países más exigentes.

Pero lo peor de los dichos de Fernández no es la canchereada sino la concepción republicana que trasunta. Es el mismo ministro del Interior que, unas horas antes, se encogía de hombros ante los cortes de ruta y se preguntaba quién podría impedirlos. ¿Acaso no sabe que son ilegales y que es su responsabilidad hacer cumplir la ley? Claro que lo sabe, pero Fernández forma parte de una sociedad que ha hecho de la vigencia de la ley una moneda de cambio del juego político. La comprobación es dolorosa si se tiene presente que nació en el mismo país de Juan Bautista Alberdi, Hipólito Irigoyen y Juan B. Justo. En lugar de honrar la memoria de sus ilustres antepasados, el ministro eligió alimentar la pésima reputación institucional que Argentina ha cosechado en el mundo.

Un empresario extranjero me decía la semana pasada que "para los principales operadores políticos y económicos internacionales, Argentina es un país fuera de la ley". Uruguay, en cambio, ha hecho del respeto a la legalidad una de las principales fortalezas con la que cuenta para superar su pequeñez relativa. Fernández sabe que esto juega en contra de la posición argentina en su demanda contra las plantas de celulosa y que cualquier contencioso internacional le va a dar la razón a Uruguay. Por eso busca arrastrar al gobierno de Vázquez, único escenario en el que los códigos de la patota pueden prevalecer. Un escenario en el que los muchachos kirchneristas se mueven como peces en el agua. Lejos de ser un signo de debilidad política, el respeto a la ley fortalece la posición del gobierno uruguayo, tanto ante el Tribunal de La Haya como ante los ojos de futuros inversores y de cualquier observador neutral. Superado el mal paso de la negociación bilateral, al gobierno se le abre una mejor alternativa en otros ámbitos, donde el peso específico de Argentina y los métodos de sus actuales gobernantes pierden considerablemente su poder.