CYBERTARIO

Es cierto que la interpretación de la reforma del agua dejó dudas sobre su constitucionalidad y que ya una vez los vecinos de Montevideo soportaron las consecuencias de los piquetes ante la impávida mirada de las autoridades.

Ahora podemos alentar la esperanza de que el derecho al pataleo en lugares de uso público no se va a ejercer pisoteando el de circular libremente. Entre otras razones, porque ambos pueden convivir: alcanza con que los piqueteros ambientalistas ocupen las banquinas o las veredas para que su opinión sea escuchada claramente.

Así, los transeúntes y conductores circularán por las rutas de la patria sin pedir permiso a nadie, mientras se instruyen con las sutiles consignas y caracterizaciones de los ambientalistas. De ese modo se respetaría la legislación vigente y las más elementales reglas de la convivencia pacífica. La violación de la ley perjudica siempre a los más débiles, en este caso, los peatones y conductores enfrentados a grupos organizados.

Pero el compromiso asumido por Faroppa en nombre del Ejecutivo y ante el presidente de la República encierra también algunas claves para entender el giro político que vive América del Sur. Cuando todavía se oyen discursos que presentan a varios gobiernos de la región como integrantes de una única expresión de izquierda, desde el gabinete de Vázquez se marca una divisoria de aguas.

Al menos con respecto a la administración Kirchner que utiliza la fuerza piquetera como un arma arrojadiza, tolerada y alentada cada vez que cree conveniente y sin reparar en las violaciones a la ley, las diferencias no pueden ser mayores. Este estilo populista y autoritario de gobernar (cultivado hasta el paroxismo en el continente) desplaza la obligación de hacer respetar la legalidad a los imperativos políticos o ideológicos, con coartadas que se repiten y reaparecen cada tanto, como muertos insepultos.

Muchos dirigentes latinoamericanos parecen haberse salteado una lección fundamental de la política y la economía: la generación de riqueza y empleo, la reducción de la pobreza, la convivencia pacífica y aún la protección del medio ambiente, dependen más de la vigencia de la ley y las garantías constitucionales que de las ocurrencias o los caprichos de los gobernantes.