En igual sentido se pronunció la juventud de la Vertiente Artiguista y se volvió a escuchar al ex presidente Jorge Batlle, un conocido defensor de esa causa, reiterando su convicción de que las "drogas naturales" deben ser despenalizadas. Si bien los argumentos son diversos, todos creen que si se libera su producción y comercialización, la marihuana (o cannabis sativa, según su denominación botánica) podrá desplazar a la pasta base en las preferencias de los consumidores.
El argumento tiene su lógica, pero encierra un peligro: ¿qué pasaría si se encontrara otro producto que logre los mismos efectos? ¿Debería volver a penalizarse la marihuana? En el fondo, lo que está en juego no es un asunto de naturaleza química ni sanitaria, sino filosófica: ¿tienen derecho los ciudadanos a consumir lo que consideren oportuno sin tener que rendirle cuentas a nadie? ¿Está dentro de las competencias del Estado inmiscuirse en las preferencias de consumo de los ciudadanos con pretextos profilácticos?
Se dirá que el consumo de marihuana no está penalizado sino sólo su producción y comercialización, pero eso es sólo parcialmente cierto: quien quiere acceder a la hierba no tiene más remedio que participar de un comercio ilícito y exponerse a terminar ante un juez, lo que no ocurre con los consumidores de otros psicotrópicos como el alcohol, el tabaco o los psicofármacos.
La utilización de este tipo de sustancias es tan vieja como la humanidad. Puede rastrearse en las más remotas civilizaciones y en las más diversas religiones. En la mayoría de los países, su penalización es reciente y está vinculada al proceso civilizatorio más que a cuestiones sanitarias. En el fondo, lo que se busca es censurar la decisión de ausentarse del estado de conciencia convencional para sumirse en el letargo y el espíritu lúdico, conducta presuntamente lasciva, improductiva y riesgosa.
Otra cosa es la adicción, un cuadro patológico cuyos estragos son por todos conocidos pero en el que cae sólo una parte de los consumidores y por causas bastante más complejas que el simple consumo.
Lo cierto es que la "lucha contra las drogas" terminó por convertirse en el chivo expiatorio de la sociedad contemporánea. De ahí que los abordajes institucionales y mediáticos excluyan cualquier otra perspectiva que no se refiera al delito y la adicción.
La legislación vigente en materia de "drogas" ha cosechado resultados trágicos, sembrando de muerte y delincuencia lo que nunca debió de ser más que un asunto cultural y, en algunos casos, sanitario.
Aunque las agencias nacionales e internacionales dispusieron de miles de millones de dólares para hacerse de recursos materiales y humanos y terminar con este hábito, hoy tenemos un panorama desolador: cárceles atiborradas de vendedores, dinero negro, policías y militares corrompidos, democracias tambaleantes, sociedades devastadas por la violencia y un mercado en expansión.
¿Qué pasaría si se invirtiera la carga de la prueba y se pusiera en el banquillo de los acusados a los promotores de las penalizaciones?
Si la discusión se centrara en la libertad, la responsabilidad, los límites de la acción estatal y los resultados cosechados por la legislación vigente, la argumentación sería al revés: quienes deberían explicar ante el Parlamento y la sociedad sus porfiadas razones serían los defensores del actual estado de cosas. Sus resultados están a la vista.