CYBERTARIO

sotelo@montevideo.com.uy

Durante la pasada semana de Turismo, un abogado informó al juez Gustavo Mirabal que un oficial le había dicho que el magistrado era "un objetivo militar inminente" por haberse pronunciado a favor de la extradición en 2004. Pocos días después, Mirabal fue víctima de un presunto atentado contra su vida. Mientras el comandante del Ejército y los retirados aseguran que no fue ningún integrante de sus filas el autor del ataque, la Dirección de Información e Inteligencia busca al oficial que habló con el abogado. Los retirados, entre tanto, apuntan hacia sectores que buscarían la desestabilización institucional. Pero ¿quién integraría ese misterioso grupo? ¿Quién pudo haber disparado contra el juez Mirabal?

RECAPITULEMOS. Un oficial retirado comenta en una reunión de la que participan otros camaradas de armas que el juez Mirabal era "un objetivo militar inminente" y la Inteligencia del Ejército no se entera. ¿Es esto posible? Si tuvo la información, debió ponerla a consideración del Comandante Díaz y éste de las jerarquías ministeriales. Si no la tuvo en un tema de semejante trascendencia en el ambiente castrense habría que preguntarse para qué está.

Si el comunicado de marzo de los militares retirados sonaba amenazante, el atentado contra el magistrado parece una profecía autocumplida. Es cierto que hay una gran distancia entre redactar un comunicado desafiante y empuñar un arma para disparar contra un juez, pero no se puede disimular la coincidencia. ¿Pudo haber sido la actuación de un vengador solitario, sin vinculación alguna con militares en actividad o retirados? Aunque no se descarte, parece extraño.

Atentados como el que sufrió Mirabal no son frecuentes en nuestro país aunque existen antecedentes de características similares. En todas ha rondado el fantasma de los "Tenientes de Artigas", logia a la que pertenecerían los tres militares extraditados y decenas de oficiales retirados y en actividad. ¿Acaso el atentado contra Mirabal haya sido una advertencia ante los pedidos de extradición que la justicia deberá resolver de aquí en más? Nuevamente, las balas pican cerca de los sectores castrenses más recalcitrantes y avivan la reflexión sobre las peculiaridades de la transición "a la uruguaya". A veinte años de recuperada la democracia, ningún militar fue condenado aún por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, un dudoso honor refrendado en las urnas por los propios ciudadanos. ¿Por qué habrían de aceptar la extradición quienes supieron presionar y obtener del poder político la impunidad? Una forma de evaluar la transición "a la uruguaya" es celebrar la recuperación de la convivencia pacífica, lo que no es poca cosa. Otra, es comprender cuál es el precio que pagamos por ella.

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