CYBERTARIO

sotelo@montevideo.com.uy

Aun aceptando la gravedad del hecho, no deberíamos sorprendernos: es un secreto a voces que ocurren cosas similares en otras juntas departamentales y oficinas públicas del país. La misma viveza criolla que creó los "préstamos no reintegrables" y la "caducidad de la pretensión punitiva del Estado" se las ingenió para torcer el mandato constitucional y pagar un salario a funcionarios que deberían ser honorarios, a vista y paciencia de todos.

En Montevideo, sin ir más lejos, un edil pueden embolsarse 35.000 pesos por mes sin rendir cuentas a nadie. Si es lo suficientemente vivo como para solicitar los cinco funcionarios en comisión que la reglamentación le autoriza, puede disponer de los 29.000 pesos que los montevideanos ponemos en su bolsillo para gastos de secretaría como le venga en gana. Si quiere, puede incluso retirar 6.000 pesos más para gastos de combustible, tenga o no tenga auto.

Es posible que muchos ciudadanos tengan buenas razones para creer que los ediles merecen recibir un salario por su trabajo. Lo que no parece posible es que alguien cobre 35.000 pesos por mes y sea honorario al mismo tiempo. Podrá incluso decirse que no es igual recibir tal estipendio que fraguar documentos para quedarse con el vuelto. No resulta tan fácil determinar por qué una conducta es delictiva y la otra no si ambas están prohibidas por la ley. Por lo visto, los ediles procesados no son los únicos que se amparan en la indolencia estatal para pasarla mejor.

Unos meses atrás, un ministro quiso devolver una partida de viáticos tras un viaje al exterior que no había utilizado. Cuando se apersonó a la oficina correspondiente, se encontró con la sorpresa generalizada de sus subalternos: era la primera vez que alguien devolvía dinero.

En otro organismo estatal los funcionarios aplican la omertá (el código de silencio que impone la mafia a sus miembros) cuando rinden cuentas de sus viáticos y con la complicidad de sus compañeros de Contaduría. Como tienen una partida máxima para gastos de alojamiento, las facturas que presentan coinciden invariablemente con el máximo monto asignado, aunque provengan de hoteles y pensiones de diversa jerarquía. ¿Cómo es posible que nunca nadie se haya dado cuenta de esta increíble coincidencia?

Lo que hacían los ediles procesados en Rivera es indecoroso, pero muchos funcionarios públicos deberían cuidarse de tirar la primera piedra. Por lo visto, las administraciones pasan pero algunos vicios quedan.

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