Buscando esquivar el bulto

Sin embargo el tema principal es y sigue siendo el pésimo e irregular manejo que el gobierno del Frente Amplio, en la actual y la anterior administración, realizó de la asociación de Leadgate con PLUNA.

El argumento que ha comenzado a correr por parte de diversos dirigentes del Frente Amplio es que nadie se llevó nada, no hay una situación de corrupción. Hubo simplemente desprolijidades en el afán de evitar mayores desastres y finalmente la única imputación delictiva refiere a un delito discutible sobre el que buena parte de la doctrina y del sistema político está de acuerdo que debería ser derogado. Entonces, con esta simple sucesión de argumentos se pretende reducir el escándalo a una tontería de menor entidad.

Absolutamente falso.

En primer lugar, el hecho de que ningún jerarca público se haya enriquecido no significa que no haya habido quienes sí lo hicieron a costo del Estado uruguayo. ¿O se olvidan que los tres socios privados del Estado han sido procesados por el delito de estafa con agravantes y que eso significa que vaciaron la empresa, es decir que le pusieron la aspiradora y desviaron fondos pertenecientes a la empresa?

Se podrá discutir la cifra final de pérdidas para el Estado uruguayo que quedan luego de la crisis de PLUNA, pero es indiscutible que la pérdida es millonaria en dólares y, en buena parte se produce mientras los socios mayoritarios realizaban manejos delictivos en la gestión de la empresa.

¿Se pretende olvidar que jerarcas del anterior gobierno no solo dejaron hacer y deshacer a sus socios privados, sino que además les salieron de garantía por la compra de los siete aviones por un valor estimado de U$ 135 millones?

El procesamiento de los socios de Leadgate por estafa anuncia nuevas investigaciones, porque si hubo un delito continuado de estafa, hubo estafados. Y si hubo estafados es necesario saber si estos fueron sorprendidos en su buena fe o si actuaron con negligencia o fueron omisos en sus responsabilidades, o miraron para otro lado. Porque durante varios años los socios mayoritarios de PLUNA tomaron decisiones con la aquiescencia y voto favorable de los representantes del Estado.

Es necesario establecer si no existió responsabilidad de los jerarcas públicos por haber pactado con los socios privados (ahora tipificados como estafadores) una garantía de indemnidad para Campiani y sus socios que hoy le impide al Estado, a pesar del procesamiento, reclamar indemnizaciones a estos individuos.

Todos estos aspectos del negocio PLUNA están todavía pendientes de nuevas investigaciones judiciales.

Pero lo que también quedó establecido en el dictamen fiscal es que el famoso aval otorgado a la empresa Cosmo para que pudiera presentarse al remate fue otorgado en forma irregular, violando todas las normas bancocentralistas e incurriendo en un abuso de las competencias que poseían los jerarcas que lo habilitaron. El ministro llamó al presidente del BROU para que otorgara el aval y el Presidente del BROU resolvió otorgarlo en el tiempo record de dos horas, a una empresa trucha que jamás podría haber recibido tal respaldo bancario.

Ambos actuaron más allá de sus límites funcionales. En el caso de Calloia es muy evidente porque por más llamadas que hubiera (del Ministro o de quien fuera) el Presidente del BROU no está sometido a jerarquía ni dependencia funcional con respecto al Poder Ejecutivo y, por lo tanto, cuando asume el otorgamiento del aval está asumiendo una responsabilidad personal ineludible.

Recién aquí viene la discusión sobre el delito tipificado. Desde los años treinta existe el delito de abuso innominado de funciones; se ha aplicado en un gran número de casos y por ese delito han sido procesados muchos jerarcas de los partidos tradicionales con el apoyo explícito de dirigentes del Frente Amplio, que festejaron muchas de esas situaciones.

Es cierto que el tipo delictivo es polémico y existen muchas voces que han señalado la inconveniencia de mantener este delito tal como está redactado. Pero lo cierto es que no se ha derogado en todos estos años.

Por lo tanto, resulta un gesto máximo de soberbia por parte del partido de gobierno anunciar que piensan derogar el delito con la patética finalidad de evitar el procesamiento de sus compañeros. Sería una situación inédita en el país que generaría un evidente escándalo público. Hay que estar muy borrachos de poder para pretender llevar adelante esta iniciativa vergonzosa. Hay que sentirse muy omnipotente para no darse cuenta de que la gente no es estúpida y se dará cuenta de la obvia y patética maniobra.

Es imprescindible separar en el tiempo la discusión sobre la continuidad del mencionado delito de la dilucidación de una acción judicial que está en pleno proceso de decisión.

Por otra parte, que el delito de abuso de funciones no sea muy preciso en su configuración no significa que no tenga que existir una figura delictiva que castigue jurídicamente la conducta de los jerarcas públicos que se exceden en sus competencias. Sería muy grave que simplemente se derogara este delito sin establecer una figura delictiva que defienda a los ciudadanos de los excesos de los jerarcas públicos.

Más valdría que el Frente Amplio en vez de inventar alternativas fantásticas, asumiera de una buena vez que este es un episodio grave en el que se ha actuado muy mal, por el que se le han generado importantes pérdidas a todos los uruguayos y donde ha habido actuaciones de jerarcas públicos que son irregulares y por lo tanto, objeto de sanción jurídica y política.

Para variar nuevamente, en el centro de la escena está el uso y abuso de la mayoría absoluta parlamentaria, que ha tenido una influencia preponderante en todo el episodio.

El uso de los yesos disciplinados impidió que se formara una Comisión Investigadora en el Parlamento que era de evidente lógica. El uso de las mayorías parlamentarias determinó que una y otra vez el Parlamento declarara satisfactorias las explicaciones de los ministros, la última vez fue cuatro días antes de que un Fiscal entendiera que dichas actuaciones eran pasibles de procesamiento por la comisión de un delito. El uso de las mayorías parlamentarias ahora amenaza convertirse en el mecanismo oblicuo para derogar un delito con el único objetivo de evitar el procesamiento de sus amigos.

La ciudadanía debe evaluar hasta qué punto las mayorías absolutas en el Parlamento generan impactos negativos en el funcionamiento democrático. Es la gente la que deberá definir, en octubre, si va a renovarle la mayoría parlamentaria al Frente Amplio después de diez años seguidos, con el grave riesgo de deteriorar cada vez más el control sobre el gobierno.