Bochorno

Las declaraciones del canciller argentino, Héctor Timerman, dejan muy mal parado al presidente Mujica y su política exterior, pero muy particularmente al rol que cumplió la Cancillería.

Según Timerman, la presidenta argentina tuvo una activa participación en la reunión del G20, al menos en lo que se refiere al combate a la evasión fiscal. En la cena de los líderes que precedió al discurso de Sarkozy, Cristina Fernández condicionó su apoyo a la tasa Tobin a la eliminación de las "guaridas fiscales".

La defensa que intentó el ministro Almagro de la inocencia argentina en la inclusión de Uruguay en la lista de paraísos fiscales, es apenas sostenible. Aunque el canciller uruguayo califique la acusación como una "afirmación temeraria", la secuencia de los hechos coloca a Cristina Fernández como continuadora de una política iniciada por su difunto marido.

Fue una denuncia del gobierno encabezado por Néstor Kirchner la que colocó a Uruguay en la "lista gris" de la OCDE. Ni siquiera hace falta saber si Fernández le sopló o no el nombre de Uruguay a los líderes del G20 porque, de hecho, integramos la ominosa lista por iniciativa argentina. Después de conocidas las declaraciones de Timerman, y más allá de la diplomacia de todo canciller, no se entiende qué le falta saber a Almagro para determinar responsabilidades. Pero el hecho es todavía más grave.

Tal como reveláramos el pasado lunes, el 14 de setiembre último la presidenta argentina se reunió en el Palacio del Elíseo con "le petit Chou Chou", como le dice al presidente de los franceses su esposa, la divina Carla Bruni. En la reunión, preparatoria del encuentro del G20, Fernández le propuso a Sarkozy llevar a cabo en la cumbre "una acción coordinada contra los paraísos fiscales".

Las consecuencias negativas fueron inmediatas. Las influyentes ONG´s de Francia y Estados Unidos festejaron la difusión de la lista que incluye a Uruguay. Oxfam France, organización internacional que lucha contra el hambre y la pobreza, pidió además “fuertes sanciones para los países culpables”, mientras que InterAction, la mayor alianza de ONGs de Estados Unidos, celebró que la difusión de la lista haya sometido a la “vergüenza pública” a los once países considerados como paraísos fiscales.

No solo resulta difícil de sostener la inocencia de Buenos Aires en el escrache, sino que es aun más difícil aceptar que el ministro Almagro alegue sorpresa cuando él y sus embajadores tuvieron casi dos meses para anticiparse a este bochorno.