Bajar la edad de la responsabilidad penal adolescente, una propuesta engañosa y equivocada

En estos días el Partido Colorado iniciará una campaña para recoger firmas de ciudadanos para promover una modificación en la normativa que fija el límite de la responsabilidad penal de los adolescentes en nuestro país. Nosotros nos oponemos categóricamente a esta iniciativa porque consideramos que no tiene efectos positivos para mejorar las condiciones de seguridad pública en nuestro país y porque, además, afectará de manera negativa la situación de los adolescentes y jóvenes.

En primer lugar, conviene aclarar una confusión que, lamentablemente, los impulsores de esta iniciativa no solo no aclaran sino que fomentan. Se habla comúnmente de que la propuesta implica la "rebaja de la edad de imputabilidad" de 18 a 16 años, por lo que se hace creer a la gente que los menores de 18 años no son imputables desde el punto de vista penal.

Falso. En Uruguay existen tres escalones con respecto a la responsabilidad por conductas ilícitas. Entre 0 y 13 años existe una situación de inimputabilidad, pero a partir de los 13 y hasta los 18 años los adolescentes son imputables y se les aplica un régimen específico de responsabilidad penal propio para esa etapa de la vida. A su vez, al cumplir los 18 años los jóvenes ingresan en el régimen de responsabilidad penal plena.

Entre los 13 y 18 años se aplican las penas correspondientes a las conductas ilícitas de estos jóvenes y estas penas incluyen la privación de libertad. La privación de libertad se cumple en establecimientos específicos, dependientes del INAU, en los que conviven con otros infractores de su misma edad y en los que se debería apostar a su rehabilitación.
Si se analiza la situación en el resto del mundo se encontrará que en casi todos los países de la región y del mundo desarrollado se mantiene el mismo criterio. La edad de imputabilidad oscila entre los 12 y 13 años y la edad de responsabilidad penal plena se sitúa en la enorme mayoría de los países en los 18 años, incluso hay países que la extienden a los 21 años. Se ha manejado a través de Internet una información engañosa que compara nuestro límite de 18 años para tener responsabilidad plena con la edad de imputabilidad en otros países, pretendiendo una comparación equivocada.

Todos queremos mejorar las condiciones de seguridad de nuestra sociedad. Todos sentimos que ha habido un gravísimo deterioro en las condiciones de vida de nuestra gente. Hay miedo y hay bronca por esta crisis que viene ahondándose desde hace más de quince años.

Pero tenemos que ser responsables y serios en las propuestas de solución, no medrar con el miedo de la gente y no proponer medidas que nada tienen que ver con la solución del problema con un indisimulable apetito electoral.

Veamos cuál es la dimensión del problema.

Del total de los delitos cometidos en los últimos años que han sido objeto de tratamiento judicial, solo el 5% corresponde a menores; el 95% restante son adultos los que delinquen.

A marzo de 2011 los menores de 16 y 17 años privados de libertad en el INAU son 226, mientras que la población carcelaria adulta ha superado los 9.000. ¿Alguien sensatamente puede pensar que trasladando a doscientos jóvenes de los hogares del INAU al COMCAR va a mejorar las condiciones de seguridad de nuestra sociedad?

Pero, además, hay 70 adolescentes más que están en régimen de libertad asistida o vigilada que, al cambiar la norma quedarían bajo el régimen penal de adultos. Debe anotarse que en los casos de medidas alternativas a la privación de libertad entre los adolescentes el porcentaje de reincidencia actual es apenas del 2%.

Entonces, el traslado de alrededor de 270 jóvenes de 16 y 17 años al COMCAR ¿va a mejorar las condiciones de seguridad? Es muy probable que ocurra lo contrario, puesto que en el caso de que sobrevivan en el hábitat carcelario adulto, se habrán convertido más rápidamente en verdaderos delincuentes profesionales. Obviamente que su traslado al COMCAR elimina la más mínima posibilidad de rehabilitación, además de exponerlos a los más duros y sórdidos vejámenes en su convivencia con los presos adultos.

Entonces, ¿qué es lo que nos propone el Partido Colorado con esta iniciativa? Juntar firmas durante tres años para que en el 2015 (dentro de cuatro años), si la ciudadanía así lo establece, se trasladen doscientos jóvenes de los hogares del INAU a las cárceles de adultos. ¿Esa es la propuesta de solución a a la inseguridad ciudadana que nos propone este partido? No resiste el análisis más simple, ni tiene la más mínima lógica.

En vez de perder el tiempo en esta medida marketinera e inútil, se debe trabajar fuerte, como se está haciendo en el ámbito de todos los partidos, para la aprobación de modificaciones al Código del Niño y Adolescente que permitan ajustar las penas, mejorar los plazos y asegurar un mejor funcionamiento procesal. También se ha acordado crear a la brevedad un Instituto específico encargado de los menores infractores para mejorar el trabajo y la eficacia de contención de estos menores.

Y, sobre todo, se está trabajando para eliminar las fugas que son realmente el principal problema del sistema penal adolescente. En tal sentido, existen datos recientes que indican que en los últimos meses se ha logrado reducir las fugas en un 40%; pero todavía falta mejorar mucho más. Para ello es imprescindible disponer de un edificio adecuado con guardia policial perimetral que asegure que los menores que son alojados allí, no se puedan escapar y cumplan las penas que la Justicia establece.

Pero la mejora de las condiciones de seguridad no pasa por trasladar un par de cientos de infractores de 16 y 17 años a las cárceles, sino que consiste en asegurarse de que cumplirán las penas sin fugarse y en un ambiente adecuado. Esa es la verdadera solución al problema.

Lo otro es buscar el aplauso fácil de la tribuna, que está justamente asustada y preocupada, pero como todo en la vida, la solución no es tan fácil. Aunque esta nueva conducción colorada, conservadora y cada vez menos batllista, pretenda hacernos creer tal cosa.