Bajar la edad de imputabilidad: el camino equivocado

Este resultado es casi idéntico al de diversas mediciones anteriores realizadas en 2011 y 2012, lo que indica que la opinión de los uruguayos con respecto a este tema es muy estable. Sin embargo, también es bueno decir que este tema no ha sido objeto de un verdadero y profundo debate, en realidad sólo han ocurrido algunas acciones puntuales de cuestionamiento a la iniciativa con poca visibilidad y poco respaldo político explícito.

La tarea de esclarecimiento sobre lo que está en debate con esta decisión no ha sido desarrollada en forma contundente e intensa. Por el contrario, la discusión ha sido muy lateral y, en tales circunstancias, es lógico que exista una inercia en la estructura de opiniones de los ciudadanos.

Sin embargo, en los diez meses que restan para la consulta popular es importante hacer el esfuerzo de explicar, argumentar y convencer a los ciudadanos sobre el error que significa la aprobación de la norma propuesta.

Igula que hace un año, cuando recibimos el resultado de una encuesta similar, reiteramos nuestra firme decisión de ponernos al hombro este tema y salir a convencer a los ciudadanos de que la propuesta presentada es perniciosa y tramposa.

En efecto, los que impulsaron esta iniciativa le dijeron a la gente que esta propuesta era importante para recuperar la seguridad perdida. Se les dijo a los uruguayos que castigar como adultos a los menores infractores de 16 y 17 años sería una medida importante para combatir la inseguridad. Sin embargo, en caso de que esta propuesta sea aprobada, nada va a cambiar en materia de inseguridad, por el contrario lo más probable es que las cosas estén peor aun, puesto que los menores de 16 y 17 años que serán tratados como adultos, seguramente estarán mucho más lejos de hacer posible su rehabilitación, por lo que serán definitivamente parte de la lista de delincuentes futuros.

Pero, además, la iniciativa es falaz porque parte de supuestos engañosos. Se ha aprovechado el enojo de la gente con la situación de inseguridad, que obviamente entendemos y compartimos, para identificar esta propuesta con la recuperación de la seguridad perdida. Se ha pretendido identificar a los menores infractores como los causantes principales de la crisis de seguridad de este país.

Sin embargo, el argumento no resiste el mínimo análisis objetivo de los datos concretos. Del total de los individuos que están privados de libertad por haber cometido delitos en este país, más del 90% son adultos y menos del 10% son menores. Hay cerca de quinientos menores privados de libertad y no son más de mil los que están registrados con antecedentes; mientras que hay más de nueve mil presos adultos en las cárceles de nuestro país.

De modo que la mayor parte de la responsabilidad por los delitos cometidos y, por tanto, de la inseguridad que vivimos, se debe a la delincuencia adulta y no a los menores infractores.

Pero, además, cuando los impulsores de la iniciativa juntaron firmas, la situación referida a la política con respecto a los menores infractores era francamente lamentable. En 2009 se habían producido 1.189 fugas de los hogares del INAU, lo que implicaba que cada menor infractor se fugaba tres o cuatro veces por año. Es decir que los centros de reclusión del INAU no daban ninguna garantía y eran incapaces de cumplir con su función de retención de los menores que debían estar privados de libertad.

En esa situación crítica y descontrolada era lógico que una propuesta como la que hoy está a consideración de la ciudadanía tuviera respaldo, aunque fuera totalmente inútil e inadecuada.

Pero las cosas han cambiado sustancialmente en estos últimos años. La política impulsada por la nueva conducción del INAU, de la que forma parte un integrante de nuestro partido, ha avanzado de manera espectacular en la reducción de las fugas de los menores infractores. En 2013 casi no se han registrado fugas, en total menos de 20. ¿Habrá otro ejemplo de política pública que haya obtenido resultados tan resonantes en tan poco tiempo?

Por supuesto que evitar la fuga de los menores infractores es tan solo el primer paso. Pero no debe ser casualidad que, al reducirse las fugas a su mínima expresión, se hayan reducido sustancialmente los procesamientos de menores infractores.

El INAU por intermedio del SIRPA está avanzando ahora en la mejora sustancial de las condiciones de reclusión para evitar el hacinamiento y por otro lado, instrumenta una estrategia de rehabilitación. El incremento significativo de las oportunidades de pasantías laborales en empresas de nuestro medio para un conjunto de menores privados de libertad es otro indicio de que es posible mejorar sustancialmente esta situación y que es posible apostar a su rehabilitación.

Mientras unos agitan el miedo para sumar adhesiones a una causa que no resiste el mínimo análisis serio, otros creemos que lo mejor es trabajar para cambiar la realidad concreta y enfrentar el fenómeno de la minoridad infractora con propuestas serias y positivas.

Los que promueven esta iniciativa buscan la más fácil que consiste en cargar las tintas sobre los adolescentes infractores. Es facilísimo, los adolescentes son, en un país de viejos, los primeros sospechosos de todos los males; si además son marginales y drogadictos peor aun.

No estamos diciendo que no haya que actuar con energía en este tema. Al contrario, hemos apoyado medidas para hacer más enérgicas las sanciones y aumentar los tiempos de reclusión. Creemos necesario generar un sistema punitivo para adolescentes infractores, más sistemático, ordenado y firme. Pero no caemos en la actitud fácil de disparar sobre los más débiles convirtiéndolos en responsables principales de un estado de cosas que tiene una multiplicidad de factores.

En 2014 tendremos que destinar mucho más tiempo y energía para explicar a nuestros compatriotas las razones para desechar esta equivocada e injusta iniciativa y, al mismo tiempo explicar y desarrollar las propuestas concretas para mejorar la situación de inseguridad de nuestra sociedad, si así lo hacemos será posible revertir la opinión ciudadana y evitar una decisión profundamente equivocada y discriminatoria.