Asistencialismo y clientelismo político

En función de dicho programa un número importante de familias o personas reciben una prestación en metálico de carácter mensual que pretende ayudar a que esta población supere su situación de indigencia.

Cuando el Plan de Emergencia se puso en práctica nosotros criticamos el sistema de “ingreso ciudadano” que representó una larga peripecia de identificación de beneficiarios, en lugar de tomar como referencia el pago de la asignación familiar. Los jerarcas del MIDES salieron a recorrer el país para “identificar” a los indigentes, como si Uruguay fuera un territorio desconocido en el que existen comunidades perdidas fuera del alcance de la “civilización”.

Detrás de esta decisión insensata existía el obvio interés de “marcar” que el gobierno del Frente Amplio hacía algo distinto, expandir simplemente el sistema de asignaciones familiares hubiera significado resolver el problema de impacto de un mes para otro, porque existía toda la información disponible. Pero significaba, también, admitir que el gobierno del “cambio” simplemente replicaría las mismas estrategias históricas que en nuestro país habían existido de larga data.

El programa de ingreso ciudadano tuvo también otras falencias como no tener en cuenta el tamaño del núcleo familiar, lo que significó una fuerte inequidad entre los beneficiarios, los pertenecientes a las familias más numerosas recibían un beneficio per cápita sensiblemente inferior a los que vivían en familias más chicas.

La incorporación del instrumento de las asignaciones familiares que, más vale tarde que nunca, incorporó el MIDES dos años después, ha permitido atenuar el impacto desigual de la modalidad asumida por el ingreso ciudadano; sin embargo, aun hoy coexisten las dos prestaciones puesto que el gobierno no ha querido pasar toda la cobertura al nuevo sistema.

Hoy, entonces, existen hogares que cobran las asignaciones familiares y otros que siguen recibiendo el ingreso ciudadano. De este modo se ha mejorado la cobertura y se supone que estos instrumentos han ayudado a reducir el número de familias en situación de indigencia en nuestro país.

Pero la gran “asignatura pendiente” es potenciar el valor de la reintegración social. Hasta ahora, los beneficios otorgados han sido unilaterales e incondicionados. En efecto, los beneficiarios reciben una partida de dinero mensual y no se les exige ningún tipo de contraprestación a cambio.

El dinero está y llega puntualmente, pero no se les reclama a sus beneficiarios que cumplan con determinadas conductas o acciones que permitan dar pasos sustanciales en la recuperación de su “lugar social”. Se trata simplemente de una propuesta “asistencialista” que refuerza la dependencia de los sectores más desfavorecidos con relación al “favor del Estado”.

Es cierto que la prestación de la asignación familiar implica en la letra de la ley que los menores asistan al sistema educativo formal, sin embargo no se está controlando que ello ocurra y, menos aun, existe decisión tomada por parte de las autoridades de que el incumplimiento de dicha condición pueda significar la pérdida del beneficio.

Los subsidios públicos deben tener como finalidad el apoyo al beneficiario para que deje de depender de él. Se puede afirmar que la finalidad última de un subsidio es su desaparición. Un subsidio público bien construido debe ayudar a que el beneficiario recupere su dignidad y pueda “valerse por sí mismo”, para ello resulta imprescindible que existan condicionalidades bien definidas que provoquen una superación real del individuo y su familia que favorezca la recuperación de la integración social.

Nada de esto ha ocurrido en estos años de políticas sociales del Frente Amplio, por el contrario, este gobierno ha profundizado la dependencia de sus beneficiarios con respecto a los subsidios ofrecidos. Lo más grave de todo, es que de esta manera se propicia que los beneficiarios sigan en su misma situación y busquen asegurarse que aquel que les brinda el sustento en forma gratuita siga siendo gobierno. Lo que, en buen romance, no es otra cosa que el “viejo y lamentable” clientelismo político.