Ancap: un resultado catastrófico con la plata de todos

Opera en régimen de monopolio en buena parte de sus actividades y, sin embargo, está enfrentando una crisis gravísima, a tal punto que el Ministerio de Economía ha decidido instalar un equipo especializado para evitar un desenlace irreversible.

El balance 2014 expresa la duplicación del ya escandaloso déficit generado en el resultado 2013, pero además existe un deterioro patrimonial que aumenta aceleradamente, a un ritmo que, en caso de no revertirse, lleva al colapso definitivo.

Obviamente, lo primero es intentar evitar el colapso que, a esta altura es indiscutido e indiscutible, y para ello es necesario aportar todos los esfuerzos posibles. ANCAP es demasiado importante para la sociedad uruguaya y para el funcionamiento de la economía como para no hacer el máximo esfuerzo en revertir la tendencia.

Sin embargo, el tema está lejos de terminar aquí. No alcanza con trabajar en revertir la crítica situación, es imprescindible, al menos, trabajar en dos aspectos más.

El primero es el establecimiento de las responsabilidades. ¿O alguien piensa que es posible "barrer debajo de la alfombra" como en tantos otros asuntos de esta década? ¿Quiénes son los responsables de haber tomado las decisiones que determinaron semejante deterioro?

Si analizamos las disposiciones del TOCAF queda muy claro que la responsabilidad de los jerarcas no sólo se restringe a los casos de ilicitud sino que también se define como resultado de ineptitud o actos de mala administración. Todo indica que, al menos, deberían investigarse seriamente los procesos de toma de decisiones en la conducción de ANCAP de estos años.

¿Cuáles son los criterios definidos para determinar la política de inversiones? ¿Por qué se ha llegado a tal grado de desequilibrio financiero? ¿Quiénes tomaron las decisiones que generaron tales consecuencias nefastas para la empresa? ¿Con qué criterios se crearon y sostuvieron las numerosas empresas hijas y nietas de ANCAP? ¿Cómo son las relaciones comerciales entre ANCAP y sus empresas vinculadas? ¿ANCAP paga precios razonables en sus vínculos comerciales con todas sus empresas colaterales o paga precios que encubren un subsidio sin norma que lo haya establecido? Estas son solo algunas de las numerosas interrogantes que deben ser respondidas.

Y finalmente, se debe trabajar, de una vez por todas, en la modificación del marco normativo que regula a las empresas públicas uruguayas, para evitar este tipo de resultados repentinos, fruto de una liberalidad absurda en el poder de decisión de quienes dirigen y gobiernan las empresas del Estado.

Hace mucho tiempo que bregamos por el establecimiento de normas que prohíban la creación de empresas colaterales a las empresas públicas en segunda y tercera generación. Las famosas empresas nietas y bisnietas que han generado una verdadera "fuga de los controles del derecho público". Es imprescindible que todas aquellas sociedades anónimas que se han creado con fondos del Estado y que son propiedad de una empresa pública, deban ser sometidas a los mismos controles del Tribunal de Cuentas que la empresa pública original.

Es necesario, de una vez por todas, que las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre actos administrativos de entidad económica, posean efectos suspensivos sobre el acto observado, impidiendo que se esquive la observación por la vía de su simple reiteración.

Es fundamental que las empresas públicas estén obligadas a presentar documentos precisos que establezcan sus compromisos de gestión para cada período de gobierno, de manera que el Parlamento pueda dar seguimiento a las decisiones de las empresas públicas y evitar que cada una de ellas construya un plan propio y totalmente ajeno a los intereses nacionales.

Hemos tenido demasiados casos en los últimos años de directores de empresas públicas que se marearon con la bonanza del país y jugaron a ser empresarios con plata ajena. Hoy estamos viendo los gravísimos resultados de esa estrategia.

No alcanza con que este gobierno quiera mantener a las empresas públicas bajo control del gobierno central, es imprescindible trabajar en un marco normativo nuevo que garantice otras formas de funcionamiento y otros límites que operen, más allá de las decisiones del gobierno de turno.