Aflojando la cincha

Dijimos también que se trataba de un proyecto que se ensañaba con los asalariados y jubilados, es decir con todos aquellos que viven de remuneraciones fijas fruto de una relación de dependencia.

El IRPF se concentró en todos los que viven de su trabajo convirtiendo la vieja consigna frenteamplista de "que pague más quien tiene más" en "que pague más el que trabaja más". Un verdadero error que dejó fuera o apenas afectó levemente a aquellos que viven de rentas más suculentas, tales como las de capital, inmobiliaria o empresarial.

Este gobierno, que se define de izquierda, fijó un mínimo no imponible que, aplicado a una “familia tipo”, integrada por cuatro personas de ingresos bajos, podía castigar a personas en situación de pobreza. Efectivamente, en la actualidad la “canasta básica alimentaria” se sitúa en $1.500 y se considera pobre a toda persona que posee un ingreso per cápita inferior a $4.500. Si consideramos una familia de cuatro integrantes, todo hogar que no supere los $18.000 debe ser identificado como pobre. Sin embargo, el mínimo no imponible está situado en $8.500, por lo que muchos hogares pobres en este país están pagando (irónicamente) el IRPF.

Este gobierno, que se define de izquierda, no toma en cuenta el tamaño del hogar para fijar el monto del impuesto a abonar. En igualdad de sueldos, paga la misma cantidad por concepto de IRPF aquel que vive solo que el que tiene tres o cuatro menores a cargo. No existe ejemplo de mayor inequidad que el que señalamos y no conocemos un impuesto a la renta en el mundo que tenga tal grado de inequidad.

Sin embargo, así son las cosas desde el 1º de julio del año pasado en nuestro país. Ya se cumple el primer año de esta reforma injusta.

Ahora el Ministro de Economía, en las proximidades del evento electoral y perfilándose como posible candidato presidencial, anuncia que incluirá modificaciones que tienen como objeto atenuar el impacto brutal que esta reforma ha tenido sobre los sectores medios de este país.

Nosotros hace mucho tiempo que señalamos estos graves errores de la reforma tributaria y presentamos un proyecto alternativo que incluye fuertes modificaciones. En aquellos momentos el gobierno se aferró a su proyecto original y lo defendió como si se tratara de “la verdad revelada”.

Primero los fallos de la Suprema Corte de Justicia obligaron, tarde y mal, al gobierno a derogar el IRPF a los jubilados. En el diseño del nuevo impuesto que sustituye al anterior, se preocuparon de levantar sustancialmente el mínimo no imponible a las jubilaciones y atenuar el impacto de la primera franja de ingresos.

Ahora el Ministro de Economía reconoce que debe aumentar el mínimo no imponible para los trabajadores y profesionales. También reconoce que debe fijarse un diferencial de acuerdo al tamaño del hogar y se indica además que los contribuyentes tendrán la posibilidad de optar entre tributar individualmente o por núcleo familiar.

Todas estas cosas eran obvias hace un año, cuando comenzó a aplicarse esta reforma. Sin embargo, el gobierno prefirió golpear sin razón a tantos uruguayos amargándoles la vida y afectando el nivel de vida de miles de hogares. Todavía no se sabe cuándo el gobierno va a poner en vigencia estas modificaciones y, entretanto, todos seguirán abonando los mismos impuestos que ya se ha reconocido que deberán ser modificados.

¿Qué cambió en este país durante el último año para que el gobierno ahora instrumente estas modificaciones? Ciertamente lo principal que se modificó fue la opinión de la gente sobre la gestión del actual gobierno. No existe otra razón de mayor peso para explicar los cambios que se impulsan desde el gobierno.

Entonces, ¿quién devolverá a todos los uruguayos el dinero que han pagado de más durante, al menos, un año como resultado de la tozudez e incapacidad de diálogo del equipo económico del gobierno? Seguramente, el gobierno aplicará la vieja y lamentable máxima de “será injusto pero marche preso”.