Affaire Pluna: cuesta entender tanta negligencia

El asunto comenzó en el período anterior, cuando de manera inexplicable e insostenible (dicho sea de paso, todavía no hemos escuchado una explicación satisfactoria al respecto) el Ministerio de Economía aceptó que el Estado saliera de garantía a Leadgate, a pesar de ser socio minoritario, por la compra de los tristemente famosos siete aviones, por un valor de ciento treinta millones de dólares.

La cosa no quedó ahí, cuando la situación de Leadgate se vuelve insostenible, el gobierno le paga sorprendentemente 450 mil dólares al empresario Matías Campiani para que se retire de la empresa y, a cambio de su retiro, ¡le garantiza su indemnidad! Es decir que el Estado se compromete a no demandarle nada al empresario.

PLUNA en manos del gobierno duró muy poco tiempo porque este sostuvo que en caso de seguir volando, le iba a generar importantes pérdidas al Estado. ¡Como si haberla cerrado no le haya generado ningún perjuicio!

El gobierno liquida PLUNA y, ¿a quién le piden que elabore una ley para tratar de que los aviones se excluyan de la masa de bienes que deben responder a los acreedores? Al abogado de Leadgate y de Matías Campiani. ¡Y le pagan otros 450 mil dólares para que redacte una ley que es la que ahora se ha declarado inconstitucional!

Todos los especialistas en derecho constitucional advirtieron que la norma era contraria a la Constitución. Pero el gobierno la hizo aprobar haciendo valer su mayoría absoluta en el Parlamento y siguió adelante con su proyecto propio.

Entonces manda a remate los siete aviones y surge el inefable episodio del "caballero de la derecha". ¡Pocas horas antes del remate y en forma instantánea, el Presidente del BROU otorga un aval a una empresa "trucha" que carecía de patrimonio para que oferte los 130 millones de dólares que ofertó! El resultado era obvio: Cosmo nunca pagó y el BROU incurrió en una indiscutible responsabilidad por una decisión absolutamente irregular que violó todas las normas vigentes para este tipo de autorizaciones.

En forma paralela, el gobierno ha apoyado la creación de una empresa cooperativa integrada por una parte de los trabajadores de PLUNA para que gestione una nueva aerolínea de bandera nacional. Para ello se le tramita un préstamo blando en el FONDES y se le venden tres aviones de los siete famosos, con tres años de gracia y un acuerdo muy favorable de pago.

El mismo Presidente ha reconocido públicamente que es muy difícil que ese emprendimiento funcione, pero se trata de un ¡asunto político para evitar pagar costos ante la oposición y la ciudadanía! Se reconoce estar dispuesto a utilizar fondos públicos para financiar un emprendimiento inviable.

El episodio final, determinado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, pone las cosas en su lugar, puesto que la ley aprobada suponía un fraude a los acreedores, que veían cómo se les escamoteaban los bienes más valiosos del patrimonio de la sociedad liquidada, afectando sustancialmente sus derechos a cobrar los correspondientes créditos.

A alguno todavía se le ocurrió cuestionar la decisión de la Suprema Corte señalando que el fallo fue 3 a 2; pero olvidó tomar en consideración que la opinión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley es obviamente unánime entre los 5 ministros del organismo.

El repaso de los hechos ocurridos es demasiado penoso, son tantas las desprolijidades, son tantas las omisiones, son tan groseros y numerosos los errores, son tan graves los daños que el Estado ha sufrido y sufrirá debido a estos episodios que es inexplicable que no se asuman las correspondientes responsabilidades políticas.

Más inexplicable ha sido que el Frente Amplio haya hecho causa común haciendo valer su mayoría absoluta para impedir una investigación parlamentaria que hubiera evitado, al menos, alguno de los más gruesos desaguisados.