Abuso de funciones

Las medidas adoptadas por el Congreso Nacional de Intendentes para controlar el domicilio de los automovilistas son de Ripley. O de Orwell. O de Mussolini. A partir de esta semana, los inspectores montevideanos controlan que el conductor del vehículo viva en el departamento por el cual circula. Para comprobar tal filiación, el inspector exigirá un certificado notarial de reciente data (no se ría, se lo ruego, porque no es gracioso) y una factura de un organismo público, o bien tres facturas de organismos públicos, que tengan un domicilio coincidente.

Es razonable suponer que un intendente municipal pueda tener un rapto de locura y que en su rol de administrador celoso de los dineros públicos, disponga una medida descabellada pero eficaz. Lo extraño es que esa locura se vuelva colectiva y, para colmo de males, en torno a una disposición inútil y kafkiana.

Fuera de una situación de guerra civil o ataque exterior (debidamente regulado por la ley) el control de vecindad es una medida de naturaleza fascista, y se sustenta en la presunción de que el Estado puede invadir la vida de los ciudadanos a través de sus inspectores o policías, en busca de la información que necesite para ejecutar sus políticas. En este tipo de regímenes, los límites a la acción estatal se vuelven difusos y quienes los reivindican, sospechosos. Es lo opuesto al Estado de derecho, donde el ciudadano cuenta con garantías de privacidad y respeto a su libertad de hacer todo lo que la ley no prohíba. Como por ejemplo vivir en un departamento, tener el auto matriculado en otro y circular libremente por todo el territorio nacional sin que nadie lo moleste.

En caso de la guerra de las patentes, el control de vecindad tiene un origen doblemente oprobioso. Como los intendentes no pueden crear un mecanismo para impedir que se saquen los ojos entre ellos mismos, deciden que las consecuencias de su incapacidad política y administrativa la deben pagar los contribuyentes.

Si se busca evitar es la elusión del deber de tributar donde se vive, lo que está muy bien, las intendencias deberían tomarse el trabajo de fiscalizar y actuar en consecuencia pero por otros procedimientos. Si los intendentes y sus burócratas hubieran resuelto las demandas de obras y servicios para cuya satisfacción recaudan impuestos, la medida sería igualmente fascista pero al menos podrían contar a su favor con el mérito de la tarea cumplida.

Lo que tenemos es algo diferente. Un ciudadano que no cometió ninguna infracción ni violó ninguna ley termina siendo hostigado por los inspectores de tránsito al punto de tener que  decirles dónde tienen su domicilio, sólo porque los jerarcas comunales carecen de toda idoneidad para manejar con sensatez cualquier asunto que involucre la caja recaudadora.

Ya no se trata únicamente de pagar impuestos a cambio de servicios incumplidos. Ahora pretenden humillarnos y someternos. Un verdadero abuso de funciones.