¿Una nueva reforma constitucional?

Al llegar al final del extensísimo período electoral uruguayo caracterizado por cuatro campañas electorales en menos de un año, pero precedido de un intenso período preparatorio que duró casi otro año más, surgen voces que promueven la necesidad de discutir un eventual cambio de las reglas de juego vigentes.

Han transcurrido casi quince años desde la última reforma constitucional que tuvo como objeto central un rotundo cambio en las reglas electorales y ya han pasado tres instancias electorales desde que se aprobó la Constitución de 1996.

Si nos rigiéramos por la recurrente periodicidad de nuestras reformas constitucionales, deberíamos decir que ya es tiempo de una nueva modificación. En efecto, desde 1918, año de la primera reforma constitucional, ninguna de las sucesivas constituciones ha durado más de una década y media. Sólo la Constitución de 1967 duró más tiempo, pero si descontamos el período de la dictadura en que no se aplicó, llegamos a la conclusión de que tampoco duro más que diecisiete años netos.

Los uruguayos tenemos la manía de reformar nuestra Constitución echándole la culpa a las reglas de juego de nuestros defectos de funcionamiento político. Algún día deberíamos dar una discusión de fondo sobre este deporte nacional de reformar la Constitución, porque es probable que la verdadera razón de tal frecuencia de cambios en las reglas de juego tenga más que ver con la utilización de este mecanismo para mejorar las chances electorales de los actores partidarios que con un afán genuino de alcanzar las mejores soluciones institucionales.

Sin embargo, más allá de estas prevenciones que se levantan inmediatamente ante una posible nueva iniciativa reformista, lo cierto es que la dinámica electoral generada por las nuevas reglas de juego produce una suerte de "maratón electoral" que no parece ser muy positiva.

Sobre la base del reconocimiento de que es necesario acortar los tiempos electorales, surgen iniciativas que en unos casos proponen restaurar la simultaneidad de las elecciones nacionales con las departamentales y en otros casos reclaman la supresión de la segunda vuelta.

Parece sensato buscar caminos que acorten los tiempos de campaña electoral, aunque algunos de esos tiempos y extensiones han tenido que ver más con la voluntad política de los partidos y candidatos que con las exigencias de las reglas de juego. Vale recordar que las elecciones internas (primer acto de nuestro extenso período electoral) tuvieron lugar en junio de 2009, pero la pugna por las candidaturas presidenciales para dicha instancia comenzó alrededor de un año antes.

Ninguna modificación de la Constitución puede corregir este ánimo electoral precoz que ganó a los partidos en la última elección y que extendió la carrera electoral a más de dos años.

Sin embargo, parece razonable modificar la actual situación que obliga a los partidos a seguir de largo de una Elección Interna a fines de junio a las Elecciones Nacionales de fines de octubre, luego eventualmente una segunda vuelta hasta fines de noviembre y, cuando ya todo el mundo está exhausto y se acerca el fin de año, los partidos deben retomar el esfuerzo y convocar a Convenciones Departamentales entre la Navidad y fines de enero para arrancar con el Carnaval una nueva campaña electoral para las Elecciones Departamentales, mientras en paralelo se produce el cambio de gobierno y la instalación del nuevo Presidente.

Ciertamente la actual solución parece poco sensata y es necesario buscar alternativas más apropiadas. Desde nuestro punto de vista la mejor solución pasaría por distanciar realmente las Elecciones Nacionales de las Departamentales situándolas, como en muchos países, en la mitad del período de gobierno nacional.

Pero si se impulsa retornar a la simultaneidad será imprescindible defender el derecho de los votantes a elegir en forma libre a sus gobernantes en los diferentes niveles. Será fundamental que los votantes puedan elegir al Presidente de un partido y al Intendente de otro partido sin estar obligados a "atar el voto".

En nuestro país, durante décadas los partidos mayoritarios obligaron a los ciudadanos a elegir los candidatos para los diferentes cargos dentro de un mismo partido, coartando de ese modo la libertad del elector.

Nosotros, por el contrario, creemos que hay que avanzar más en la libertad del elector y darle la posibilidad de elegir a quien mejor le parezca en cada nivel de elección. Por ejemplo, somos el único país de América Latina que obliga a los ciudadanos a votar Presidente y Parlamento de un mismo partido.

Pero lo más importante, independientemente de las soluciones a que se arribe, es preservar los grandes avances logrados con la reforma de 1996: (a) la candidatura presidencial única por partido que permitió aumentar la coherencia y cohesión interna de los partidos; (b) la prohibición de las cooperativas de votos a nivel de las listas a diputados que promovía todo tipo de juegos electorales menores y (c) la libertad del votante para elegir a quien mejor prefiera en el plano nacional y departamental sin estar obligado a votar al mismo partido en ambos niveles, desatando el viejo corsé electoral existente.