¿Qué solución?

Según publicó ayer en La Nación el columnista Joaquín Morales Solá, "ya existe una solución para el conflicto con Uruguay". El ansiado acuerdo se sellaría en Nueva York cuando uruguayos, argentinos y españoles se reúnan a fines de esta semana. Siempre de acuerdo al prestigioso periodista, la fórmula consistiría en que "Argentina aceptará el monitoreo conjunto de la planta de Botnia y el gobierno uruguayo postergará hasta fin de año la autorización para que la fábrica comience a producir".
De este modo, Botnia no afectaría el proceso electoral argentino y Kirchner contaría con algún tiempo más para hacerse cargo de "la sublevación del litoral", lo que en buen romance significa levantar el piquete de Arroyo Verde por la fuerza. Este escenario no deseado por el presidente argentino, sería preferible a uno en que el tribunal de La Haya dictamine que los niveles de contaminación de Botnia son aceptables, aún considerando que Uruguay no actuó conforme al Tratado del río. En ese caso, Argentina podría quedar con la planta produciendo pasta de celulosa frente a sus costas sin control ni monitoreo alguno.
Pero hay algo que no cierra en la fórmula que adelanta Morales Solá: cuatro meses de inactividad es mucho tiempo para una empresa finlandesa. Más tiempo, incluso, que aquellos noventa días de detención de las obras que pedía el presidente argentino para hacer un estudio de impacto ambiental y que Botnia rechazó. ¿Existe algún mecanismo que permita al gobierno uruguayo demorar el comienzo de la producción de Botnia sin vulnerar los acuerdos y las leyes vigentes en el país? La única herramienta con la que cuenta es la "autorización ambiental operativa", un permiso que la empresa aún tramita ante el Ministerio de Medio Ambiente.
La autorización está sujeta al intercambio de información y control sobre las pruebas que realiza Botnia y que se encuentra en su etapa final. De contar con esa autorización que otorga la Dirección Nacional de Medio Ambiente, con la que tiene un vínculo "fluido", la empresa podrá comenzar a producir en cuestión de días (tal como tenía previsto en su cronograma) y no cuatro meses después.
Un lapso razonable y aceptable por la empresa podría ser tres o cuatro semanas. Entre pruebas, pedidos de ampliación de información y trámites varios, la DINAMA se expediría a fines de octubre, tiempo suficiente como para dejar pasar los comicios en Argentina sin convertirse en un escollo para el matrimonio Kirchner. Claro que nada de eso va a aparecer en el eventual acuerdo entre las delegaciones rioplatenses cuando se reúnan para negociar en Nueva York.
De concretarse este acuerdo, los gobiernos mandarían una señal muy fuerte a Gualeguaychú y al mundo, pero no alcanzaría para solucionar el conflicto. Las causas que lo desataron son más profundas que un simple diferendo jurídico o ambiental. Tienen que ver con valores culturales, identitarios e históricos y siguen allí, amenazando cualquier fórmula que no los contemple.