¡Ni diez cenas en el Conrad!

El mensaje, que esperamos por el bien del país que quede en la nada, es una señal horrorosa si lo que queremos es afirmar a nuestro país como destino de nuevas inversiones productivas. Y lo decimos con independencia de la posición que se pueda sostener con respecto a la iniciativa de la minera en cuestión.

Lo más grave del caso es que el Presidente de la República crea que la decisión sobre una inversión de tres mil millones de dólares, más importante que la de Botnia o Montes del Plata, deba quedar sometida a los avatares de una campaña electoral para que finalmente la ciudadanía, sin saber mayormente los detalles técnicos de la propuesta, emita un veredicto que, aunque carezca de efecto vinculante, se convertiría en una señal imposible de obviar.

El mensaje para Aratirí, más allá de que sus representantes hayan preferido mantener un lógico silencio, es tremendo. El Presidente de la República y su gobierno que han expresado, en diferentes momentos, posturas positivas con respecto a este emprendimiento; repentinamente y, aparentemente como resultado de algunas voces críticas que se han levantado desde la sociedad y de algunos representantes políticos, en vez de asumir la responsabilidad de gobernar y tomar las decisiones que correspondan, buenas o malas, prefiere renunciar a dicha responsabilidad trasladando la cuestión a una consulta popular que, además, no existe en nuestro ordenamiento jurídico.

¡Qué mensaje para los inversores! No solo para Aratirí sino para todos aquellos empresarios que están (o estaban) pensando en invertir en nuestro país. ¡Qué lejos queda aquel discurso del Presidente en febrero de 2010, convocando a los empresarios a invertir y a venir a vivir en nuestro país porque aquí existen reglas de juego claras y garantías de previsibilidad!

Un gobernante que anuncia que someterá a la voluntad popular una inversión multimillonaria en dólares es un gobernante que está en actitud abdicante con respecto al mandato recibido por el voto popular. A los presidentes se los elige para gobernar y, en el acierto o en el error, tienen que tomar decisiones; muchas veces esas decisiones serán mal vistas por algunos y aplaudidas por otros, pero no se puede gobernar para el aplauso o para la tribuna.

Este es el episodio más grave que ha ocurrido en los últimos años. Es probable que, dada la entidad del error, exista una marcha atrás. Queremos creer que así sea. Pero independientemente de que ello ocurra, la herida generada en la confiabilidad de nuestro país será difícil de revertir.

Es cierto que la propuesta de crear por ley un instituto de referéndum consultivo, o algo similar, requeriría de mayorías especiales porque ciertamente debe ser considerada materia electoral, en tanto se trata de la convocatoria al voto de la ciudadanía. Es obvio que no tendrá el apoyo de los dos tercios requeridos, probablemente ni siquiera obtenga el apoyo de toda la bancada de su propio partido.

Pero si de todos modos se aprobara, los referéndums convocados a partir de este instrumento no poseerían carácter vinculante, ni serían de participación obligatoria; aunque nadie podría dudar de la fuerza que tendría un pronunciamiento popular a favor o en contra de cualquier iniciativa.

El Presidente parece olvidar que nuestro régimen de gobierno es una democracia representativa que ya prevé ciertas instancias de democracia directa en nuestro ordenamiento jurídico que resultan más que suficientes para valorar la opinión ciudadana.

Este renunciamiento a su responsabilidad de gobernar, más allá de que se concrete en los hechos, de todos modos genera efectos muy negativos en la imagen de nuestro país, que contrastan con la actitud de diálogo y apertura que el Presidente ha demostrado en otros temas.