El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, negó ante un jurado en Los Ángeles que Instagram y Facebook hayan sido diseñadas para generar adicción o dañar la salud mental de menores. Su testimonio se produce en el marco de un juicio considerado histórico en Estados Unidos, con más de 1.600 demandantes que acusan a varias tecnológicas de fomentar comportamientos compulsivos.
Zuckerberg sostuvo que las funciones cuestionadas —como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, los algoritmos de recomendación y las notificaciones constantes— buscan hacer las plataformas “útiles” y facilitar la conexión entre personas, no prolongar deliberadamente el tiempo de uso ni atraer a menores.
Documentos internos y debate sobre menores
Durante el interrogatorio, el abogado de una de las demandantes presentó documentos internos de Meta que indicarían que la compañía conocía la presencia significativa de usuarios menores de 13 años en Instagram desde al menos 2015. Otro documento, de 2018, aludiría a la necesidad de captar usuarios en edades “preadolescentes” para consolidar el éxito entre adolescentes.
Zuckerberg afirmó no recordar el contexto específico de esos archivos y subrayó que la empresa exige una edad mínima de 13 años para registrarse. Admitió, sin embargo, que muchos menores falsean su edad y que el control resulta “muy difícil”, pese a los mecanismos de verificación implementados.
El caso también involucra a Google, propietaria de YouTube, señalada por prácticas similares. Ambas compañías rechazan las acusaciones y aseguran contar con controles parentales, límites de tiempo y sistemas de detección de menores.
Filtros de belleza y salud mental
Uno de los puntos más sensibles del proceso judicial se centra en los filtros de imagen que modifican rasgos faciales o corporales. Según los demandantes, estos recursos —respaldados por estudios internos— contribuirían a problemas de autoestima, especialmente en niñas y adolescentes.
Zuckerberg explicó que, tras evaluar posibles efectos negativos, Meta optó por no prohibirlos, pero sí evitar recomendarlos activamente. Argumentó que restringir herramientas de expresión requiere “pruebas claras” de daño causal, y sostuvo que no existían datos concluyentes en ese sentido.
Con información de EFE