La ofensiva de Trump contra la regulación estatal de la IA divide al Partido Republicano

La política de inteligencia artificial de Donald Trump ha sido, en términos generales, favorable al sector tecnológico. El mandatario promovió el desarrollo de infraestructura vinculada a la IA y, en diciembre, firmó una orden ejecutiva orientada a restringir la capacidad de los estados para regular esta tecnología, una postura conocida como prelación federal.

Sin embargo, esa estrategia abrió fuertes tensiones dentro del Partido Republicano, donde conviven visiones contrapuestas sobre hasta dónde debe llegar la intervención del gobierno federal en un campo en rápida expansión.

Según informó Business Insider, la orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a crear un grupo de trabajo sobre litigios que impulsará demandas contra los estados que cuenten con leyes de inteligencia artificial consideradas “onerosas”. Además, habilita la posibilidad de retener fondos federales a aquellos territorios que avancen con regulaciones propias.

La medida es el capítulo más reciente de una serie de intentos para frenar la regulación estatal de la IA desde el Congreso, que incluyeron tanto el proyecto de ley anual de defensa como el llamado “Gran Proyecto de Ley Hermoso”. En ambos casos, las iniciativas fracasaron en gran parte por la resistencia interna dentro del propio Partido Republicano.

Trump y quienes respaldan esta línea sostienen que, para competir con China en la carrera por la IA, resulta clave que las empresas tecnológicas no deban adaptarse a 50 marcos regulatorios distintos, uno por cada estado. Desde esa óptica, la uniformidad normativa es vista como una ventaja estratégica.

Pero esa visión no es compartida por todos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha convertido en uno de los críticos más consistentes de los intentos federales por limitar la potestad regulatoria de los estados. En noviembre, cuando se analizaba incluir una moratoria a la regulación de la IA dentro de la ley de defensa, DeSantis advirtió que la propuesta equivalía a un “subsidio a las grandes tecnológicas”.

“El auge de la IA es el cambio económico y cultural más significativo que está ocurriendo actualmente”, escribió entonces en X. A su entender, impedir que los estados canalicen estas tecnologías mediante el autogobierno implica una extralimitación del poder federal y deja a las empresas sin controles efectivos.

En la misma línea se expresó la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien defendió el rol de los estados en esta materia. “Los estados deben conservar el derecho a regular y legislar sobre la IA y cualquier otra cosa que beneficie a su estado”, sostuvo, y remarcó que “el federalismo debe preservarse”.

Otro de los opositores fue el senador Josh Hawley, de Missouri. En declaraciones a Business Insider, afirmó que, por una cuestión de federalismo, es deseable que los estados puedan probar distintos regímenes regulatorios y consideró necesaria una supervisión sensata que proteja las libertades individuales.

Cuando finalmente se confirmó que la disposición sobre inteligencia artificial quedaba fuera del proyecto de ley de defensa, Hawley celebró la decisión en redes sociales. “Bien. Esta es una disposición terrible y debería permanecer fuera”, concluyó.