La familia de la exmoderadora de Facebook que se suicidó reclamará hasta 500.000 euros

La familia de una exmoderadora de contenidos de Facebook, que se quitó la vida el pasado domingo en Lyon, Francia, reclamará una indemnización de entre 200.000 y 500.000 euros a Meta y a su subcontratada Telus.

Consideran que su muerte se debe al estrés postraumático que arrastraba desde que dejó la compañía en 2025. Roberto Castro, abogado que representa a la familia, confirmó a EFE que todavía están estudiando las acciones legales a emprender, pero no descartan la vía penal por la "responsabilidad directa" de las empresas en el suicidio.

La mujer formaba parte de más de 700 exmoderadores de Facebook e Instagram que demandaron a Meta y a Telus exigiendo una indemnización de 100.000 euros por los daños psicológicos y morales que les provocó el visionado de contenido violento y sensible que debían filtrar. Esa demanda laboral la lleva el bufete de abogados Bastet, del que forma parte Castro. La víctima trabajó entre 2022 y 2025 para CCC Barcelona Digital Services, propiedad del grupo canadiense Telus Internacional, que empleaba moderadores para filtrar contenidos de Facebook en oficinas de la capital catalana.

Según Castro, el bufete cuenta con correos electrónicos que les había enviado la exmoderadora para comunicarles los problemas de salud mental que le había causado su trabajo en Telus.

En 2023 empezó a sufrir síntomas de estrés postraumático por el visionado del contenido que debía filtrar, parte de él de una violencia extrema, lo que motivó su baja médica. Finalmente, pactó su despido con la empresa, que le pagó una indemnización de 2.000 euros.

En abril de 2025, Meta rescindió el contrato de revisión de contenidos en Barcelona con Telus, lo que implicó el despido colectivo de cerca de 2.000 trabajadores. En paralelo, un juzgado de Barcelona investiga una querella interpuesta por moderadores de contenido de Meta por delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y contra la integridad moral. Aseguran que sufrieron daños por el filtrado de contenidos, sin que las empresas tuvieran un plan de prevención de riesgos psicosociales.