En una entrevista con The Verge, Jamie Siminoff, fundador de Ring y actual "inventor principal" de la empresa propiedad de Amazon, aseguró que la inteligencia artificial aplicada a sistemas de videovigilancia podría eliminar prácticamente la delincuencia en los barrios medios en cuestión de un año.
La afirmación fue parte de una conversación amplia con el periodista Nilay Patel, en la que Siminoff presentó su nuevo libro Ding-Dong, un relato sobre el crecimiento de Ring desde su rechazo inicial en el programa Shark Tank hasta convertirse en una de las soluciones de seguridad residencial más populares del mundo.
Seguridad total, ¿a qué costo?
La propuesta de Siminoff se basa en funciones impulsadas por IA, como Search Party, una herramienta reciente que ya ayuda a encontrar mascotas perdidas mediante el análisis automático de imágenes captadas por cámaras domésticas. Sin embargo, el fundador de Ring va mucho más allá: su visión es la de una red de vigilancia doméstica omnipresente y automatizada que disuada o detecte cualquier actividad delictiva en tiempo real.
“Mi objetivo siempre ha sido hacer del mundo un lugar más seguro”, afirmó Siminoff, quien también confirmó que su regreso a Ring tras una pausa profesional coincide con un renovado interés en reforzar colaboraciones con fuerzas de seguridad, un tema que ha generado intensos debates en años recientes.
Preocupaciones sobre privacidad y vigilancia
Las asociaciones entre Ring y departamentos de policía en Estados Unidos ya habían sido cuestionadas en 2020, especialmente en el marco del movimiento Black Lives Matter. La crítica principal: que las imágenes de ciudadanos fueran compartidas con autoridades sin garantías suficientes de transparencia ni consentimiento.
Desde entonces, y tras la salida temporal de Siminoff, Amazon redujo esos vínculos. Sin embargo, su regreso parece haber revitalizado el interés de Ring por colaborar directamente con las autoridades. Esto ocurre en un contexto político particularmente tenso: agencias estatales y federales han sido acusadas de realizar detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales y de construir bases de datos biométricas sin supervisión civil.
La promesa de “barrios sin crimen” se enfrenta así a un dilema ético: ¿cuánta libertad se está dispuesto a sacrificar en nombre de la seguridad?
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