El Gobierno de Irlanda analiza la posibilidad de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, en una medida que busca frenar el impacto negativo de estas plataformas sobre la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes. Así lo propuso este viernes en el Parlamento de Dublín el vice primer ministro Simon Harris, quien advirtió que el país enfrenta una “bomba de relojería” en materia de bienestar juvenil.
Aunque la edad de consentimiento digital en Irlanda ya es de 16 años, Harris denunció que existen mecanismos que permiten a menores más pequeños eludir ese límite y abrir cuentas en redes como TikTok, Instagram o Snapchat. Según el dirigente, esto contradice el espíritu de la legislación actual y expone a los menores a contenidos inadecuados, adicción digital y riesgos de ciberacoso.
“Debemos considerar seriamente la idea de que sea obligatorio tener 16 años para estar en las redes sociales”, dijo Harris, del partido Fine Gael, al pedir que se unifiquen los criterios legales.
Inspiración en Australia y presión sobre las plataformas
El Ejecutivo irlandés toma como referencia a Australia, que en 2024 aprobó una ley pionera que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales y prevé multas millonarias a las plataformas que la infrinjan. Irlanda ya inició un análisis sobre las respuestas regulatorias en otras jurisdicciones, según confirmó el Ministerio de Comunicaciones.
Esta posible legislación aumentaría la presión sobre compañías tecnológicas para que refuercen sus sistemas de verificación de edad y establezcan protocolos más estrictos de protección infantil, un debate que también gana fuerza en países europeos como Francia, España y Alemania.
Implicancias para América Latina
El debate en Irlanda refleja una preocupación global creciente sobre el impacto de las redes sociales en la infancia. En América Latina, donde la edad de ingreso a plataformas suele ser más baja y la supervisión estatal más débil, el caso irlandés podría servir como modelo para futuros marcos normativos.
Con un uso intensivo de redes entre menores en la región, expertos en salud mental y derechos digitales ya han advertido sobre la necesidad de alinear la legislación local con estándares de protección infantil, sin caer en el punitivismo tecnológico, pero exigiendo responsabilidades a las plataformas.
Con información de AFP
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