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El gobierno de Donald Trump activó esta semana una prohibición a la comercialización de nuevos drones fabricados fuera de Estados Unidos, una medida que apunta a razones de seguridad nacional y que afecta directamente al mercado de consumo. La decisión fue instrumentada por la Federal Communications Commission (FCC) y entra en vigor de forma inmediata.
Según explicó el organismo en un documento oficial, los drones podrían ser utilizados por criminales, actores extranjeros hostiles o grupos terroristas para generar “amenazas nuevas y graves” dentro del país. Por ese motivo, la FCC actualizó su Covered List, el listado de productos considerados un riesgo inaceptable para la seguridad nacional, e incluyó a todos los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) y sus componentes críticos producidos en el extranjero.
La medida no afecta a quienes ya poseen drones importados. El gobierno aclaró que los modelos comprados con anterioridad podrán seguir utilizándose, pero no se autorizará la venta ni distribución de nuevos equipos que entren en la categoría prohibida.
El presidente de la FCC, Brendan Carr, respaldó públicamente la decisión y aseguró que el organismo trabajará en coordinación con fabricantes locales para impulsar la industria estadounidense de drones. En ese sentido, sostuvo que la política busca “liberar el dominio de los drones estadounidenses” y reducir la dependencia tecnológica del exterior.
Aunque la norma alcanza a todas las marcas extranjeras, el mayor impacto recae sobre DJI, la empresa china que domina el mercado global y es una de las más populares entre los consumidores estadounidenses. Consultada por TechCrunch, la compañía expresó su rechazo a la medida y cuestionó la falta de información pública sobre los criterios utilizados para llegar a la determinación.
DJI afirmó que sigue comprometida con el mercado estadounidense y defendió la seguridad de sus productos, señalando que fueron evaluados durante años por agencias del propio gobierno de EE.UU. y por auditorías independientes. También sostuvo que la prohibición afecta la competencia abierta y limita las opciones tanto para usuarios recreativos como comerciales.
La decisión se inscribe en una línea dura sostenida por Trump frente a empresas chinas. En junio, su administración ya había firmado una orden ejecutiva orientada a fortalecer la producción nacional de drones y a proteger la cadena de suministro frente a lo que consideró riesgos de control o explotación extranjera.
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