En concreto, Airbnb se comprometió a identificar con claridad si se trata de un anfitrión privado quien ofrece alojamiento o bien se trata de profesionales, como por ejemplo inmobiliarias, ya que las normas en materia de consumo difieren en un caso u otro.

Además, la plataforma deberá presentar el precio total de la reserva, incluidos costes extras como son los recargos por limpieza. Si no fuera posible calcular con antelación el precio final, la empresa deberá informar debidamente al usuario de que podría haber gastos adicionales.

"Celebro la voluntad de Airbnb de hacer los cambios necesarios para garantizar plena transparencia y la comprensión de lo aquello por lo que paga el consumidor", ha explicado la comisaria responsable de Consumo, Vera Jourova.

La compañía tiene hasta diciembre de este año para desarrollar el detalle de la propuesta y aplicarla en todo el espacio económico europeo, en todas las versiones lingüísticas que tenga su web en la UE, según informó el Ejecutivo comunitario, que advierte de que estudiará medidas contra Airbnb si ésta no cumple el pacto.

El acuerdo es el resultado del ultimátum que Bruselas lanzó a la compañía el pasado verano, cuando le exigió cambios para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores europeos o estudiaría medidas coercitivas.

Con información de Europa Press