Entre los acusados está Héctor Xavier Monsegur, el supuesto líder del colectivo de "hackers" LulzSec, quien se declaró culpable de haber atacado a firmas como PayPal o Mastercard y colaboró con las autoridades para que éstas pudieran presentar cargos contra los otros acusados.
Según la Fiscalía, Monsegur, también conocido como "Sabu", admitió en agosto de 2011 haber organizado ataques contra la compañía japonesa Sony, la cadena de televisión Fox y la firma especializada en ciberseguridad HBGary.
La acusación cree que Monsegur dirigía las operaciones del grupo vinculado a Anonymous desde su pequeño apartamento de Manhattan, según un comunicado del fiscal federal Preet Bharara.
El testimonio de "Sabu" permitió a los investigadores de Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda dar con el resto de sospechosos: los británicos Ryan Ackroyd y Jake David, los irlandeses Darren Martyn y Donncha O'Cearrbhail y el estadounidense Jeremy Hammond, todos ya detenidos en sus países de origen.
Hammond fue arrestado el lunes en Chicago (Illinois) y las autoridades creen que fue él quien estuvo detrás del ataque del pasado diciembre contra el instituto privado de seguridad estadounidense Stratfor, del que robaron más de cinco millones de correos electrónicos.
Esos emails luego fueron entregados por Anonymous al portal WikiLeaks, que a finales de febrero empezó a divulgar el contenido de los mensajes para denunciar las presuntas "actividades corruptas" de Stratfor, que trabaja para Gobiernos y empresas de todo el mundo.
Monsegur, Ackroyd, Davis y Martin establecieron en mayo de 2011 "LulzSec", un grupo de "hackers" asociado a Anonymous, que meses después empezó una campaña de acoso contra las páginas web de varias agencias federales de EE.UU. como la CIA o el FBI.
Luego colgó noticias falsas en medios como el diario The Sun de Rupert Murdoch, donde también sustrajo las direcciones de correo electrónico de decenas de miles de suscriptores, y también aseguró haber obtenido un giga de documentos secretos de la OTAN.
Monsegur, de 28 años, se enfrenta a una pena máxima de 125 años de cárcel, mientras el resto de los acusados afronta sentencias de entre 10 y 20 años entre rejas, según la Fiscalía.
Fuente. EFE
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