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El Estado 2.0

“Hay que buscar el nuevo Ceibal”: Uruguay, entre los más avanzados en gobierno digital

Expertos del CLAD y el BID advirtieron sobre la falta de profesionales, las trabas salariales y la escasa coordinación del Estado.

13.11.2026 18:49

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Montevideo Portal

Uruguay figura entre los países más avanzados de la región en materia de gobierno digital, pero incorporar tecnología no garantiza por sí solo que el aparato estatal opere de manera más eficiente. Las escalas salariales del sector público, la escasez de profesionales especializados y las resistencias institucionales aparecen como los principales obstáculos para transformar el Estado.

El tema se abordó en la jornada de cierre de Burocracia Creativa 2026, organizada por JAB, una asociación civil uruguaya que promueve la modernización de la gestión pública.

Expusieron Conrado Ramos, secretario general del secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), y Miguel Porrúa, representante de El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay. Moderó Pablo Rolando, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Ramos marcó las fallas de los sistemas de remuneración en el empleo público. En gran parte de América Latina, los cargos que requieren menor especialización ofrecen salarios levemente superiores a los del sector privado, mientras que ocurre lo inverso en posiciones que demandan alta calificación, lo que complica reclutar a profesionales competentes.

El exdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil explicó que el problema surge de estructuras basadas en escalafones tradicionales, donde los títulos formales y las categorías administrativas priman sobre las funciones efectivas. Sugirió aplicar la metodología de la OCDE, que consiste en relevar qué tareas cumple cada funcionario y valorar los puestos según el nivel de conocimiento y la autonomía que demandan. Mencionó que en Uruguay se sancionó una reforma con ese enfoque, pero nunca se implementó.

Porrúa, propuso facilitar la movilidad de profesionales entre el ámbito público y el privado. Mencionó como referencia las iniciativas que impulsó la administración de Barack Obama en Estados Unidos, que convocaron a expertos en tecnología para colaborar temporalmente en proyectos de transformación. Para Porrúa, ofrecer proyectos concretos, autonomía y posibilidades de generar impacto puede resultar tan atractivo como los sueldos.

Otro tema central fue la fragmentación del aparato estatal y las trabas para coordinar tareas entre organismos. Porrúa destacó las condiciones favorables que tiene Uruguay para innovar, pero alertó sobre las resistencias a compartir información. “Uruguay es un ejemplo, con lo chico que es, todavía entre ministerios hay mucho de guardarse el espacio, guardarse los datos”, señaló. A su criterio, Uruguay debe avanzar hacia un modelo donde los ciudadanos no necesiten conocer la estructura del Estado ni realizar trámites que los propios organismos podrían resolver intercambiando datos.

El debate se volvió concreto cuando alguien del público relató las dificultades de una persona que necesitaba obtener un certificado de antecedentes penales para trabajar como guardia de seguridad. Aunque el trámite estaba digitalizado, resultaba complejo para alguien poco familiarizado con esas herramientas.

“Esa persona no debería tener que usar el certificado de antecedentes penales para nada. No debería ni enterarse de que existe”, afirmó Porrúa, señalando que la iniciativa para obtener esa información debería partir del Estado.

Para Ramos, la principal barrera no es tecnológica. Lo ejemplificó con su experiencia al intentar recibir un disco de vinilo por correo, un trámite que le exigió facturas, formularios, fotos y documentos. “No hay tema inocente de falta de digitalización”, sostuvo indicando que hay un espacio de poder. 

Para Porrúa, avanzar en la transformación digital requiere profesionales capacitados, inversión y mecanismos de coordinación entre organismos. También cuestionó la idea de que la digitalización pueda progresar sin recursos suficientes, y advirtió que los recortes en tecnología terminan perjudicando los servicios públicos.

Ante la preocupación por quienes quedan excluidos de la digitalización, Porrúa recordó la experiencia del Plan Ceibal. “Fue un mensaje de inclusión espectacular”, afirmó, y planteó que el desafío actual es encontrar una iniciativa similar que asegure que todos los uruguayos puedan acceder a los servicios digitales del Estado. “Hay que buscar el nuevo Ceibal”, concluyó.

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