La geóloga y docente de la Facultad de Ciencias (FCien), Leda Sánchez, reclama desde hace largo tiempo los fondos necesarios para que se mantenga el funcionamiento del Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU).
En agosto pasado, la profesional denunció que la falta de recursos no solo impediría cualquier nuevo desarrollo, sino que obligaría al retiro de los equipamientos ya instalados por el OGU.
Por entonces, Sánchez había comentado a Montevideo Portal que la solicitud de presupuesto no era de “grandes cifras”, ni para el OGU ni para la Dirección Nacional de Minería y Geología. “Pedimos para mantenimiento y recargas: tres o cuatro cargos, o sea, son chirolas”, manifestó.
Consultada respecto a si obtuvo alguna justificación acerca de por qué no se incluyó en el presupuesto, Sánchez indicó que no obtuvieron “ningún tipo de respuesta”.
Ahora, ante la confirmación de que el nuevo presupuesto nacional no contempla ninguna cifra para el OGU, Sánchez utilizó su cuenta de X para advertir del riesgo que eso conlleva.
Bajo la advertencia de “Urgente”, Sánchez insistió en que el observatorio “se enfrenta a un desmantelamiento inminente por presupuesto cero”, situación que “anula más de diez años de ciencia y nos deja vulnerables”.
Para la geóloga, esta negativa “no es un recorte, es apagar los ojos del país ante riesgos reales”.
En ese sentido, recordó que es un mito la idea de que en Uruguay los sismos no existen. Si bien nuestro país no está en una zona tan “movida”, como sucede, por ejemplo, con Chile o Japón, el suelo uruguayo también puede sacudirse.
“Hay sismos registrados de magnitud considerable (1542, 1888, 1988) y recientes en Florida (2021), Canelones (2023), Lascano (2023), Treinta y Tres, Tacuarembó y (2025). Sin el OGU no hay datos: estamos esperando la catástrofe a ciegas”, afirmó, y ofreció un ejemplo de lo caro que puede resultar el “ahorro” en recursos·
“Nuestras represas (Rincón del Bonete, Baygorria, Palmar), generan más de 300 millones de dólares anuales en energía. El OGU es el único que monitorea la sismicidad inducida que podría afectarlas. El costo de no vigilar es incalculable”, explicó.
“Durante años, este observatorio ha sobrevivido por el compromiso de sus investigadores, que hemos usado nuestros salarios para mantenerlo funcionando. Estudiantes y profesionales trabajaron gratis por más de ocho años. La situación es insostenible”, remarcó.
En ese sentido, renovó su reclamo a los parlamentarios de todos los partidos para que adopten “una acción decisiva” por el futuro del observatorio.
“No es un gasto, es una inversión en seguridad, soberanía y resiliencia”, concluyó.