I) Acuerdo en la Unión Europea (UE) para adoptar un impuesto fronterizo sobre el carbono

En menos de un año regirán (a prueba) los aranceles al carbono en Europa.

La UE adoptó este martes un mecanismo sin precedentes en sus fronteras. Por el “impuesto fronterizo sobre el carbono”, aunque no es un impuesto como tal, un mecanismo sin precedentes aplicará los criterios del mercado europeo del carbono a las importaciones procedentes de los 27 Estados miembros, por lo que los fabricantes de la UE están obligados a comprar cuotas para cubrir sus emisiones contaminantes.

Con el precio de la tonelada de CO2 disparado, se trata de evitar el “dumping ecológico”, es decir el diferencial de criterios que llevaría a los fabricantes a deslocalizar su producción fuera de Europa, al tiempo que se anima al resto del mundo a adoptar las normas europeas.

Este “mecanismo de ajuste del carbono en frontera” (CBAM por sus siglas en inglés: carbon border adjustment mechanism) “será un pilar crucial de las políticas climáticas europeas (…) para animar a nuestros socios comerciales a descarbonizar su industria”, explicó el eurodiputado Mohammed Chahim.

Los importadores tendrán que declarar las emisiones vinculadas al proceso de producción y, si éstas superan la norma europea, adquirir un “certificado de emisiones” con el precio de CO2 de la UE. Si existe un mercado del carbono en el país exportador, éste sólo pagará la diferencia.

“El mensaje a nuestras industrias es claro: no hay necesidad de deslocalizar la producción porque hemos tomado las medidas necesarias para evitar la competencia desleal” garantizando un “trato justo” entre los productores europeos y las mercancías importadas, observó Pascal Canfin (Renovación, Liberales), presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento.

Sectores afectados

El mecanismo, que se aplicará a escala de la UE, se centrará en los sectores considerados más contaminantes (acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad).

Los eurodiputados han acordado añadir el hidrógeno y determinados subproductos (como los tornillos), y Bruselas tendrá que estudiar la posible ampliación a la química orgánica y los polímeros (plásticos).

El régimen tendrá en cuenta las emisiones “indirectas” (generadas por la electricidad utilizada para la producción).

Los ingresos previstos, que podrían superar los 14.000 millones de euros anuales, irán a parar al presupuesto general de la UE.

Calendario

En octubre de 2023 comenzará un periodo de prueba, durante el cual las empresas importadoras simplemente tendrán que informar de sus obligaciones.

El momento de la puesta en marcha efectiva dependerá de las conversaciones que se celebren esta semana sobre el resto de la reforma del mercado de carbono de la UE.

La Comisión y los Estados miembros defienden una aplicación gradual del mecanismo a lo largo de 10 años a partir de 2026. Los eurodiputados piden una aplicación gradual entre 2027 y 2032.

Asignaciones gratuitas

En la actualidad, a la industria de la UE se le asignan derechos gratuitos que cubren parte de sus emisiones para ayudarla a competir con sus competidores extranjeros.

A medida que se acelere el proceso de “ajuste en frontera”, se irán eliminando progresivamente los derechos gratuitos asignados a los sectores afectados.

Al dar el mismo trato a las importaciones y a la producción local, Bruselas considera que se atiene a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrarresta las acusaciones de “proteccionismo”.

Pero el calendario para la supresión de los derechos gratuitos, que ha sido objeto de acalorados debates, no se abordará hasta este viernes y sábado en las conversaciones sobre la reforma del mercado del carbono.

“El Reglamento CBAM sólo podrá adoptarse formalmente una vez resueltos estos otros elementos”, advirtió el Consejo Europeo.

II Ley anti deforestación

La ley que grava las emisiones de carbono de la producción interna europea y de los productos importados complementa a otra ley fundamental que se aprobó la semana pasada y que prohíbe directamente importar alimentos originados de áreas deforestadas lo que abarca carne, soja, aceite de palma, madera y cacao, entre otros.

El martes anterior, la Unión llegó a un acuerdo sobre la ley que busca frenar la deforestación mundial. El Consejo (los países miembros) y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la nueva regulación que, una vez entre en vigor, se asegurará de que las empresas que quieran vender en el mercado europeo siete productos considerados “clave” y sus derivados no hayan contribuido con su producción a la deforestación o degradación forestal en ningún lugar del mundo.

Estos productos son la carne vacuna, la soja, el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho y la madera. En el caso de la carne vacuna, se incluye al ganado y al cuero, del mismo modo que junto a la madera se incluye el papel, y que el cacao incluye al chocolate. La lista se irá revisando y actualizando, teniendo en cuenta nuevos datos, como los cambios en los patrones de deforestación, explicó el diario El País de Madrid.

Las empresas que exploten estos productos y los quieran comercializar en el espacio comunitario deberán hacerlo con una etiqueta que verifique —la denominada “diligencia debida o due dilligence”— que dichos bienes han sido producidos en tierras que no han sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020 y que también cumplen con todas las leyes relevantes al respecto en el país de producción. Además, deberán recoger “información geográfica precisa” sobre el terreno de cultivo donde crecieron dichos productos, un rastreo que permita comprobar el cumplimiento de todas las normas. Por su parte, la UE buscará asegurarse de que todas aquellas empresas que no cumplen las normas reciban sanciones “eficientes y disuasorias”.

Aunque la normativa solo afecta a productos que ingresen en la UE, Bruselas se muestra confiada en que el impacto será a nivel planetario. “Este paso ayudará a detener una parte significativa de la deforestación y degradación de bosques global”, señaló la Comisión Europea en un comunicado en el que saluda el acuerdo sobre su propuesta inicial, lanzada hace justo un año.

Las discusiones sobre el texto original del Ejecutivo europeo realizadas en la Eurocámara en los últimos meses permitieron que se ampliara la lista de productos sometidos a estas nuevas normas (como el caucho, el carbón vegetal o productos de papel impreso). También han logrado incluir una provisión que hará que la Comisión deba evaluar “no más tarde de un año después de la entrada en vigor” de la regulación si amplía estas normas a otras áreas boscosas. Y en dos años más, también deberá evaluar si se extiende a otros ecosistemas, incluidas tierras con alto valor para la biodiversidad o de importancia para el almacenamiento de carbono, lo que puede abarcar a los humedales.

La decisión europea llegó en vísperas del comienzo en Montreal de la Conferencia sobre Biodiversidad (COP15) que está en curso y que buscará definir metas de protección de la naturaleza para las próximas décadas. Es la “primera ley del mundo que lucha contra la deforestación global”, ha celebrado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. El acuerdo supone un “importante punto de inflexión en la lucha contra la deforestación”, ha declarado por su parte el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. “A la par que realizamos la transición verde en la UE, también queremos asegurarnos de que nuestras cadenas de valor se hacen más sostenibles. Combatir la deforestación es una tarea urgente para esta generación y un gran legado para la siguiente”, ha agregado el responsable del Pacto Verde Europeo.

Por sus importaciones de productos agrícolas y ganaderos, la Unión Europea es, detrás de China, el segundo mayor responsable mundial de la deforestación tropical (con un 16% del total mundial, con 203.000 hectáreas deforestadas en 2017 y una emisión de CO2 asociada estimada en 116 millones de toneladas). La soja, el aceite de palma y la carne de vacuno, ahora incluidos en la normativa, fueron las materias primas que más deforestación tropical incorporaron a las importaciones de la UE, seguidas del caucho, el cacao, el café y los productos de madera. La deforestación incorporada fue mayor en las importaciones de Brasil, Indonesia, Argentina y Paraguay. El mayor causante de deforestación a través de importaciones es China (24% del total mundial deforestado), y luego del 16% de la Unión Europea se ubican Estados Unidos (7%) y Japón (5%).

Una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten formalmente la regulación, esta entrará en vigor, aunque tanto operadores como comerciantes dispondrán de 18 meses de tiempo para implementar las normas. Las pequeñas y medianas empresas gozarán de un periodo de adaptación algo mayor, según la Comisión Europea.

III Ley de bienestar animal

Finalmente, en tercer lugar, España se dispone a aprobar un proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales. La polémica en España es muy intensa porque a partir de la ley todo el que tenga un perro tendrá que hacer un curso sobre cómo tratarlo. Esto no solo afectará a quien quiera tener un perro por primera vez, sino también a quien ya comparta su vida con uno.

Este curso de formación será gratuito, tendrá validez indefinida y lo deberán superar el propietario y el animal. Según el texto, el curso tiene “el objetivo de facilitar una correcta tenencia responsable del animal, muchas veces condicionada por la ausencia de conocimientos en el manejo, cuidado y tenencia de animales”.  Quien ya tenga perro tendrá que aprobar el curso en un plazo de dos años.

Mientras se tenga al perro, habrá que tener contratado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente.

Cuando entre en vigor la nueva ley, estará prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, este plazo no podrá ser superior al día.

Si se pierde o roban a la mascota, habrá que comunicarlo a la autoridad competente en un plazo de 48 horas a contar desde que se produjo el incidente. Si no se comunicara en el plazo señalado, se considerará abandono, salvo que se pruebe lo contrario.

Solo se podrán tener como mascotas animales que puedan desarrollar adecuadamente sus necesidades fisiológicas, etológicas y ecológicas básicas, que no tenga carácter invasor o que si se escapa pueda suponer un grave peligro para la biodiversidad.

No se podrá tener en casa ningún individuo que pertenezca a una especie silvestre protegida. Tampoco ningún animal que pueda suponer un peligro para la salud o la seguridad de humanos y otros animales.

No se podrá tener un animal que se incluya en el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Esto incluye a la cotorra nativa de Uruguay y Argentina.