Conaprole perdió en primera instancia la demanda presentada en marzo del año pasado contra el Estado uruguayo por US$ 61,8 millones, confirmó a Conexión Agropecuaria una alta fuente ministerial.
La decisión del juez fue apelada, por lo que se resolverá en un Tribunal de Apelaciones. El proceso está muy lejos de finalizar.
La demanda se dio a raíz de la deuda que mantiene Venezuela con la cooperativa por productos exportados en 2015. El reclamo es de US$ 31,8 millones por exportaciones impagas y de US$ 30 millones por daños y perjuicios.
En marzo de 2022 el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, informó en conferencia de prensa sobre la demanda por parte de la cooperativa. “Supuestamente hay una garantía del gobierno que en su momento fue otorgada”, dijo el jerarca en aquel entonces.
En julio de 2015, en una conferencia de prensa encabezada por el exministro Tabaré Aguerre, acompañado de representantes del sector privado, se anunció un plan de ventas de Uruguay a Venezuela que incluía 90.000 toneladas de arroz, 44.000 de leche en polvo, 9.000 de pollos, 12.000 de quesos y 80.000 de soja. Por Conaprole participó el presidente anterior de la cooperativa, Álvaro Ambrois.
“El acuerdo tiene el espíritu de comprometer la compra de petróleo y con esas divisas abonar la adquisición de alimentos nacionales, para llegar así a un equilibrio en la balanza comercial entre ambos países”, dijo Aguerre en esa conferencia. En aquel entonces, incluso, se dio una misión oficial público-privada que visitó Venezuela.
“El dinero resultante de esas ventas será depositado por Venezuela en un fideicomiso en la filial uruguaya del banco transnacional de ese país Bandes, como carta de garantía del cobro inmediato de los envíos de mercadería nacional”, se detalló en la conferencia.
Tras concretarse los envíos, Conaprole cobró parte de lo exportado, pero quedó un saldo de US$ 30 millones. En agosto de 2021 la cooperativa informó que iniciaría acciones judiciales para cobrar lo adeudado. La demanda fue presentada en marzo de 2022.
Por Cecilia Ferreira para Blasina y Asociados