Tragedia de Tartagal podría haberse evitado

"La tragedia de Tartagal se hubiera evitado si los gobiernos nacional y provincial hubieran cumplido con los compromisos asumidos luego del desastre hídrico de fines de 2005, que incluían un extenso listado de obras inconclusas y el freno a los desmontes indiscriminados", sostiene el informe de la Defensoría del Pueblo de Argentina sobre el alud que se produjo en la provincia de Salta.

A finales de 2005, un puente se desplomó en las inmediaciones de la ciudad norteña de Tartagal a raíz de las intensas lluvias, mientras que en 2006 más de 200 personas debieron ser evacuadas en este distrito cercano a la frontera con Bolivia y Paraguay por las fuertes precipitaciones.

El pasado lunes, otro puente cayó en el poblado debido a un alud originado por la crecida del río Tartagal, que destruyó 234 viviendas, dejó a dos personas desaparecidas y obligó la evacuación de unos 450 pobladores, informaron portavoces oficiales.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace atribuyeron el alud de agua y lodo a la creciente deforestación de montes nativos para expandir el área agrícola, principalmente para el cultivo de soja.

Después de la tragedia, la presidenta argentina, Cristina Fernández, reglamentó este viernes la Ley de Bosques que había sido aprobada por el Parlamento en noviembre de 2007 y que indica que las provincias deberán establecer las áreas forestales bajo protección dentro sus territorios y tendrán funciones para controlar que se cumplan con la norma de conservación.

"Si continúan desmontando a este ritmo, la provincia de Salta será un desierto en menos de 20 años y va a haber tantos tartagales como pueblos existan a la orilla de los ríos", afirmó el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en el informe difundido por el diario Crítica.

La investigación de la Defensoría, que comenzó en 2006 a raíz de una denuncia realizada por un obispado salteño, advierte además que una comisión dependiente del Ministerio argentino del Interior había elevado hace más de dos años un informe que pedía el "urgente" acondicionamiento del río Tartagal y solicitaba evaluar la posibilidad de desplazar a pobladores por los riesgos existentes.

"Lamentablemente esto no se hizo y por eso la historia se repite tres años después, y esta vez con consecuencias aún más trágicas", lamentó el titular de la Defensoría, que también alertó sobre los convenios que había firmado el Gobierno nacional para la realización de obras hídricas en la zona, que permanecen inconclusas.

La presidenta argentina anunció este viernes un plan de reconstrucción de Tartagal, que demandará una inversión de 159 millones de pesos (45,4 millones de dólares) para la construcción de 627 viviendas, caminos, redes de cloacas y gas.

El secretario de Gobierno de Tartagal, Roberto Avellaneda, señaló este sábado que "la lluvia ocasiona inconvenientes y es un nuevo problema que impide trabajar".

El funcionario dijo además que las autoridades trabajan en la prevención del dengue, que en los últimos días afectó a 12 personas en el norte de la provincia situada a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires.

(EFE)