La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este viernes una ley que legaliza la muerte asistida para personas con enfermedades terminales a las que se les haya diagnosticado una expectativa de vida menor a seis meses. La normativa entrará en vigencia en julio y establece una serie de salvaguardas adicionales a las previstas inicialmente.
El proyecto original ya contemplaba garantías para que “ningún paciente sea forzado a elegir ayuda médica para morir” y para que ningún profesional de la salud ni centros “afiliados por religión” se vieran obligados a participar. No obstante, tras negociaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, se incorporaron nuevas protecciones. “La gobernadora trabajó con la legislatura para añadir protecciones adicionales que garantizarán que nadie se aprovechará de nadie, mientras se garantiza que los neoyorquinos enfermos terminales tienen la opción de morir cómodamente y en sus propios términos”, señala el comunicado oficial.
Con esta decisión, Nueva York pasará a integrar el grupo de 13 estados del país que permiten esta práctica médica, un camino que se inició en Oregón, pionero en la materia desde 1994. El debate, según se destacó desde el entorno de la gobernadora, llevó años de intercambios con legisladores, especialistas en salud, activistas y familias directamente afectadas.
Hochul, quien se ha manifestado públicamente como católica y reconoció en el pasado haber atravesado un “conflicto religioso” respecto a este tema, sostuvo que se trató de la “decisión correcta” para los residentes del estado tras un prolongado proceso de reflexión y diálogo.
Entre los cambios incorporados, la ley establece un período de espera obligatorio de cinco días entre la firma de la prescripción y su ejecución, la exigencia de una grabación en video o audio del paciente solicitando la asistencia para morir y una evaluación previa de salud mental a cargo de un psicólogo o psiquiatra. Además, se prohíbe que cualquier persona que pueda beneficiarse económicamente del fallecimiento del paciente actúe como testigo de la solicitud oral o como intérprete.
La normativa comenzará a regir seis meses después de su promulgación, con el objetivo de que el Departamento de Salud pueda definir las regulaciones necesarias y permitir que los hospitales se preparen y capaciten a su personal para la correcta aplicación de la ley.
EFE