La Cancillería presentó una denuncia penal ante la Justicia del Crimen Organizado por el intento de coima a Bustillo. La denuncia, según Informativo Sarandí, incluye un informe del Tribunal de Cuentas realizado a pedido de la propia Cancillería.
Dicho informe señala que Argentina "demoró adrede la licitación del dragado del canal Martín García", según informó ayer Subrayado, y afirma que la regularidad del proceso despierta algunas dudas. El Tribunal de Cuentas sugería que se recurriera a la Justicia para investigar el caso.
El expediente presentado incluye las versiones desgrabadas de las reuniones entre las delegaciones uruguaya y argentina en la CARP.
Además, también se puso a disposición de la Justicia las comunicaciones confidenciales del presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, al canciller Luis Almagro sobre este tema.
En las notas se hace referencia a un supuesto intento de soborno a Bustillo para beneficiar a la empresa holandesa Riovía, que se encarga de las obras de mantenimiento del canal Martín García, en una nueva licitación para el dragado actualmente en curso.
En mayo, Uruguay había denunciado que a los funcionarios de la CARP, a cargo de la gestión del canal Martín García, les habían ofrecido una coima de un millón de dólares para favorecer a la firma holandesa Riovía en la licitación para obras en el cauce.
En una comparecencia ante el Parlamento, Bustillo, presidente de la delegación uruguaya en la CARP, denunció una conversación con el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán en la que supuestamente se habló de la posibilidad de repartir el dinero a cambio de apoyar a Ríoviva.
En tanto, el gobierno de Cristina Fernández pidió a Uruguay en un comunicado que haga lugar al exhorto judicial enviado por Argentina para que Bustillo declare en la causa sobre supuestos sobornos para favorecer a Riovía.
Además, el Gobierno argentino solicitó a las autoridades uruguayas que retiren la inmunidad diplomática a Bustillo para que sea investigado en una causa por presuntas irregularidades en la importación de automóviles extranjeros y que según el embajador uruguayo ya fue archivada.