En un comunicado publicado este domingo por Cancillería argentina, el gobierno de Cristina Fernández advirtió que podría volver a La Haya en caso de que no se respeten los tratados internacionales.
"En caso que la República de Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no haya acuerdo entre las partes el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países y en caso de no arribar a un acuerdo cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia", señala el comunicado de Cancillería.
El comunicado comienza recordando que en febrero de 2005, Uruguay aprobó la instalación de Botnia y fijó la capacidad de producción en 1 millón de toneladas anuales: " El límite de 1 millón de toneladas anuales fue el que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra emitió su dictamen. Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal. También estableció que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y vigilancia sobre los efectos de la dicha empresa sobre el Río Uruguay. Ambos gobiernos ratificaron este procedimiento".
Además el gobierno argentino informó que nuestro país planteó en la CARU, en marzo de 2012, una solicitud de aumento realizado por UPM:" Al hacer esta presentación el Uruguay reconoce que el aumento de producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoce que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio".
"En tiempo y forma la Argentina hizo saber al Uruguay por intermedio de la CARU que la información recibida era incompleta de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay y se solicitó información adicional para poder expedirse. La Argentina reiteró en cuatro oportunidades la solicitud de información sin recibir la información adecuada por lo tanto aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto", agrega el comunicado de cancillería argentina.
En ese sentido, advierte que "toda decisión que se tome sin cumplir con dichos pasos procesales es violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones".
"Estamos seguros que el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas. Y con ese espíritu de respeto y amistad es que deben ser tratada las presiones que intente efectuar dicha empresa", concluye el comunicado publicado horas antes de que ambos mandatarios se encuentren para tratar el tema.