Mujeres rurales de Maldonado reclaman cambios en el INBA por ataques de perros

La Red de Mujeres Rurales de Maldonado reclamó cambios en el funcionamiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y una mayor presencia del Estado en el territorio, ante una serie de episodios con perros sueltos y jaurías que, según la organización, provocaron la muerte de ganado y afectan a productores de distintas zonas del departamento.

En una carta abierta dirigida a las autoridades nacionales y al sistema político, la organización asevera que el actual sistema de bienestar animal “no está dando las respuestas que las productoras y productores uruguayos necesitan” y cuestionó especialmente la capacidad operativa del INBA en el interior.

Según la Red, el organismo cuenta actualmente con tres funcionarios para atender los problemas vinculados al bienestar animal en todo el interior del país. “¿De verdad alguien puede sostener seriamente que con esa estructura se puede garantizar una respuesta adecuada para los departamentos del interior?”, plantea el documento.

La organización señaló que, durante las últimas semanas, perros con dueño sueltos en zonas rurales de Pan de Azúcar, Pueblo Gerona, ruta 60 y ruta 81 y la vieja ruta 9 mataron ovejas y corderos recién nacidos. De acuerdo con la carta, los ataques afectaron a tres pequeñas productoras vinculadas al grupo y provocaron la muerte de 47 animales.

También mencionó episodios registrados en las proximidades de la ruta 39, donde, según la organización, jaurías de hasta 12 perros provocaron pérdidas en majadas. La Red afirmó que situaciones similares se repiten y que algunos productores dejaron de realizar denuncias porque consideran que no obtienen respuestas.

Otro caso citado corresponde a Alfredo Coronel, productor de La Pedrera que explota 36 hectáreas y contaba con unos 50 vacunos. Según la carta, días atrás volvió a encontrarse con una jauría de unos 15 perros que atacaba a sus animales. El productor abatió a algunos de los perros y, ante la continuidad del problema, decidió vender su ganado y abandonar esa actividad.

La Red vinculó además el problema con la seguridad de personas que viven o circulan por zonas rurales. Indicó que niños que concurren al CAIF y a la escuela de Pueblo Gerona o de la zona del kilómetro 110 deben evitar determinados recorridos debido a la presencia de perros.

La organización también planteó una preocupación sanitaria y señaló que en las proximidades de la Escuela N° 23 de La Pedrera se realizaron estudios sobre material fecal y que el 47% de las muestras analizadas presentaba huevos del género Echinococcus, parásito asociado a la hidatidosis humana.

En la misiva, el grupo afirma que el diagnóstico nacional registró 601 egresos hospitalarios por hidatidosis entre 2014 y 2024, un promedio cercano a 60 internaciones anuales. A partir de esos datos, asegura que el control de la población canina también debe ser considerado un asunto de salud pública.

El documento cita además la encuesta nacional de población canina presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), según la cual Uruguay tiene alrededor de 1,9 millones de perros con dueño, a los que se suma una cantidad no determinada de animales sin dueño.

Para la Red de Mujeres Rurales de Maldonado, la situación excede los ataques de perros al ganado. La organización la vincula con la tenencia responsable, la convivencia, la salud pública, la producción, el ambiente y la seguridad vial, debido también a la presencia de animales sueltos en rutas y caminos. “Es un problema nacional”, subraya la carta, que reclama una política pública permanente y con alcance territorial.

Recursos y presencia territorial

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la estructura del INBA y a los recursos disponibles para su funcionamiento. La organización sostiene que existe una tasa del 4% vinculada a las raciones cuyos recursos deberían contribuir al financiamiento de las políticas correspondientes.

Según la carta, la recaudación asociada a esa tasa supera los 80 millones de pesos anuales. La Red cuestiona que esos fondos pasen por Rentas Generales y posteriormente por el MGAP antes de llegar al INBA, porque considera que ese mecanismo limita la capacidad de respuesta en territorio.

También reclama una mayor eficacia en el cobro de multas y sostiene que los recursos disponibles deberían administrarse con planificación, transparencia y controles adecuados.

Entre las medidas que propone aparecen la prevención, identificación, castración, control, intervención y aplicación de multas. La organización plantea, además, que los productores rurales tengan una referencia concreta en cada zona, con conocimiento del territorio y capacidad para coordinar con productores, Policía Rural, intendencias y municipios.

Las mujeres rurales fernandinas mencionan que contar con referentes territoriales no implicaría agregar burocracia, sino mejorar la capacidad de prevención y respuesta: “Queremos un INBA que tenga presencia en los 19 departamentos y no solo en las ciudades”.

La organización propone que la evaluación de las políticas públicas no se limite a la cantidad de denuncias atendidas, sino que considere cuántos ataques fueron evitados, accidentes prevenidos, animales protegidos, instancias de capacitación realizadas y enfermedades prevenidas.

La Red de Mujeres Rurales de Maldonado concluye que el problema tiene un carácter estructural y sostiene que el INBA necesita modificar su funcionamiento para ampliar sus recursos, su estructura y su presencia territorial.