La justicia universal que ha permitido a España enjuiciar crímenes cometidos por algunas dictaduras, ya no va ser tan universal al entrar en vigor las limitaciones aprobadas por el Parlamento español. Según la nueva normativa, que contó con los votos favorables del PSOE, PP, CiU y PNV, la Audiencia Nacional española sólo podrá aplicar el principio de jurisdicción universal en los casos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería en los que existan víctimas españolas y en los que los responsables de los delitos se encuentren en territorio español.
La Justicia española podía ejercer la jurisdicción universal absoluta en casos de genocidio y delitos de lesa humanidad, sin importar que ningún ciudadano español hubiese estado involucrado o afectado por los crímenes. La otra condición que habilitaba a los jueces españoles a abrir los procesos era que la Justicia del país donde se habían cometido los crímenes hubiese rechazado investigarlos y condenarlos.
El Partido Popular había estado en contra del involucramiento de la Justicia nacional en los conflictos internacionales y el Partido Socialista Obrero Español , actualmente gobierno, había sufrido algunos choques con gobiernos extranjeros por el nuevo protagonismo mundial de algunos jueces, como Baltasar Garzón.
"Es un principio que ha dado muchas satisfacciones a las víctimas en los últimos 12 años en España y es triste que se haya optado por abandonar esa acción, ese abanderamiento de la Justicia Universal por parte de España", dijo Garzón a los periodistas antes de ser investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén.
Durante su discurso de investidura, Garzón, afirmó que como jurista, juez y ciudadano siente "vergüenza" por esa limitación y pidió perdón a las víctimas que pudieran verse perjudicadas por esta nueva legislación española.
Según Garzón, asumir la nueva limitación "sin rechistar nos pervierte y nos degrada, porque con esta Ley se priman intereses económicos, políticos y diplomáticos de países que favorecen a delincuentes".
Amnistía Internacional, a través de un comunicado sentenció “Esta ley restringe, recorta y limita el principio de jurisdicción universal al cual está obligada España por una serie de tratados internacionales. “Niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos”, agregó el texto.
Desde Madrid, Juan Sotelo de Brun.
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