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Más temprano, el diputado del Partido Colorado, Daniel García Pintos, dijo que los Derechos Humanos son un “curro universal de la izquierda” y que en Uruguay supieron “aplicarlo con maestría desde 1985 a la fecha”.Según publicó hoy el diario El Observador, el gobierno ajusta los detalles para presentar en 15 días en el Parlamento el proyecto de ley tendiente a declarar que el Estado uruguayo cometió actos de terrorismo oficiales durante la dictadura e incluye una “reparación integral” para las víctimas de la represión.
El texto, en el que participan altos jerarcas de gobierno y parlamentarios, también planteará que el Estado cometió “acciones ilegítimas” contra el derecho de las personas durante el gobierno constitucional del ex presidente colorado Jorge Pacheco Areco (1967-1971).
Entrevistado en Radio Sarandi, García Pintos dijo que “los Tupamaros no tiraron una sola bala contra la dictadura militar de 1973 en adelante. Todas las balas que tiraron lo diputados fue contra la democracia”.
A juicio del diputado colorado, el proyecto se presta para el “curro”, ya que cuando el gobierno pregunte “¿se sintió agredido en el gobierno de Pacheco Areco?”, mucha gente va a decir que se sintió herido psicológicamente.
Para García Pintos, el tema de los derechos humanos ha sido un gran negocio para la izquierda, “sobre todo un gran negocio político. Como han cobrado políticamente con este negocio de los derechos humanos, piensan que en el año electoral esta cantera tiene que seguir dando piedras”.
El legislador agregó que “el colmo de la hipocresía” sería que en este proyecto se deje afuera de los familiares de los policías, militares y civiles que fueron asesinados por la guerrilla. Blassina opinó que García Pintos “no es claro y no plantea una alternativa. Nos venimos ocupando de este tema hace tiempo con una comisión instalada en el Parlamento”.
A juicio les legislador, “hace bastante tiempo que la sociedad asumió que se tiene una deuda en cuanto a un proyecto de reparación” y que el proyecto “esta en sintonía con pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos”.
Blassina agregó que la ley puede ser promulgada “en un lapso no demasiado prolongado” y que todavía se desconoce la cantidad de personas que pueden acogerse a la misma.
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