PODER EJECUTIVO APRUEBA LEY DE PRENSA

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El Poder Ejecutivo aprobó la nueva ley de prensa que elimina los llamados delitos de comunicación.

El presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya Manuel Méndez destacó el avance que significa la ley para el derecho a la información y la libertad de prensa: "Es fundamental para la garantía del trabajo de todos los periodistas, es un reclamo histórico de los periodistas uruguayos la eliminación de los delitos de comunicación".

APU trabajó en el proyecto de ley, a raíz del procesamiento del periodista Carlos Doglianni que en primera instancia perdió el caso, el tribunal de Apelación rechazó el fallo del juez, pero finalmente fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia.

Una de los cambios importantes que trae la nueva ley es que será considerara la veracidad de lo publicado para la evaluación de las denuncias. Hasta el momento la Justicia no ponía en consideración si lo publicado era verdad o no, para evaluar la constitución del delito de "difamación e injurias"

"Esta situación ameritó nuestro reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí comenzó una etapa de negociación con la Comisión y el Estado uruguayo", comentó Méndez. A partir de esa denuncia se formó una comisión con representantes de APU y del Ministerio de Educación y Cultura de donde surgió la ley que fue aprobada por el Poder Ejecutivo.

En cuanto a la posibilidad de que esta nueva ley pueda generar abusos por parte de quienes tienen acceso a una publicación masiva, Méndez aclaró que "no se trata de un perdona tutti" y agregó: "Los casos seguirían la vía civil y no la penal, pero en caso de que en la investigación se mienta, haya mala intención, se falseen los datos para perjudicar a un tercero se mantiene la vía penal".

Varios países en América Latina ya eliminaron los delitos de comunicación y la ley está a tono con los estándares internacionales en materia de legislación de prensa.

Una de las cuentas pendientes, en materia de acceso a la información, es la ley de habeas data que obliga a las instituciones estatales a poner a disposición de todos los ciudadanos la información pública. El proyecto está en el Parlamento desde hace varios años.

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