Darío Pérez votará proyecto

La discusión fue iniciada por un informe leído por el diputado emepepista Sebastián Sabini quien destacó el papel de las movilizaciones pacíficas “que se han dado en los últimos años por este tema, que han planteado la inseguridad jurídica que tienen los usuarios y la necesidad de esclarecer los criterios judiciales”.

Sabini también señaló que la adicción es un aspecto de la relación de consumo, resaltando que no todos los consumos son adictivos. El diputado frenteamplista recordó también que en 2011 todos los partidos políticos presentaron proyectos relacionados con la regulación del mercado del Cannabis.

”Proponer una alternativa a la política de combate al narcotráfico como unicidad en el sentido de la represión. El combate al narcotráfico no solo se realiza por medios represivos, los cuales existen y han sido muy eficientes en los últimos años”, agregó

Sabini dijo que en la segunda etapa de la discusión, luego que el Poder Ejecutivo presentó la iniciativa en 2012 se creó una comisión que recibió a 16 delegaciones, además de las 40 que se habían recibido en una primera etapa.

”No es un proyecto que haya salido de una oficina, se trabajó intensamente con los especialistas médicos, judiciales y profesional. No es un proyecto elaborado a puertas erradas”.

El legislador dijo que el negocio vinculado a la droga es “el más lucrativo que hay en el planeta, financia al crimen organizado, la trata de personas, el lavado de activos y la venta de armas”.

Además agregó que “con la política prohibicionista, el consumo se duplicó en diez años”.

Amarilla: respuesta "parcial y acotada"

El diputado nacionalista Wilson Amarilla criticó duramente la iniciativa, señalando que la salud de los habitantes del país es una responsabilidad del Estado establecida en la Constitución.

“Frente a un gran problema que tiene la sociedad uruguaya, la respuesta que se intenta dar es muy parcial y muy acotada. Para enfrentar las graves consecuencias se propone un ensayo” y agregó que la mayoría parlamentaria que tiene el FA es frágil y la ciudadanía no acompaña mayoritariamente el proyecto.

”Si no tenemos un abordaje integral y no solo nos dedicamos a reducción de ofertas no podemos tener resultados positivos”, afirmó el legislador.

Por otra parte, señaló que las ongs cumplen un rol fundamental para la atención de adictos y no se les está dando los recursos y el apoyo que necesitan para realizar adecuadamente su trabajo.

”Deberíamos responder con una política integral, que hoy falta. Cada familia, cada barrio, cada ciudad vive un drama de seguridad y está probado que está vinculado al consumo de drogas (…) Hay una relación muy directa del consumo de drogas con los delitos que se cometen en la ciudad”, agregó el legislador nacionalista.

Amarilla dijo que el costo de un gramo de marihuana está entre 30 y 40 pesos, de pasta base entre 80 y 90, y de cocaína entre 800 a 900 pesos: “Estamos dando un mensaje muy confuso a la sociedad, en el mejor de los cálculos esta norma pretende incursionar en el12% del negocio”.

El diputado nacionalista dijo que el consumo más problemático es de alcohol y de fármacos legales, desconfiando de que una regulación pueda combatir el consumo problemático de cannabis.

”Estamos jugando con fuego, lo digo con todo respeto, siempre me he dirigido con respeto por las consideraciones de los demás miembros. Entiendo que se va a dar un aumento en el consumo y ¿qué vamos a hacer?”, afirmó.

Por su parte el diputado colorado Richard Sander señaló que el proyecto no da respuestas a la problemática y tampoco prevé un presupuesto para los organismos y las políticas destinadas a la prevención, criticando también que se “improvise en un tema de salud”.

“No se necesita consumir ningún tipo de droga para ser feliz, para ser feliz hay que ser sano y fuerte” y “tener valores”, señaló.

”Quiero demostrar la valentía de algunos jóvenes de mi departamento”, dijo Sander y presentó un video con testimonios de adictos a drogas de Rivera que recomiendan no legalizar la sustancia por considerarla como una droga de entrada a otras drogas.

Sander aseguró que en Rivera no hay nada estatal para atender a los adictos y contó la historia de un joven que llegó a un hospital público con problemas de adicción y fue internado en un hospital siquiátrico, suicidándose días después.

El legislador colorado dijo que “cada uno detrás nuestros tiene miles de personas que piensa sobre nosotros” y anunció que el PC intentará derogar la iniciativa “con las firmas y los votos de la gente”.

Daniel Radío celebró la oportunidad del debate y criticó que se muestren las drogas como algo en lo que no existiese la posibilidad de un consumo drogas no problemático: ”no necesariamente hablar de drogas implica hablar de un problema. Algunos consumos son problemáticos y otros no son problemáticos”.

Radío aseguró que existe una política de “invisibilidad” del consumo de drogas y que hay una “doble moral” respecto del consumo, señalando que cuando hay descuento impositivos “no hay lugar para estacionar” en los centros comerciales.

”No podemos permitirnos no experimentar para cambiar esta situación. No inventamos el mercado, el mercado existe hoy. ¿Queremos agitar los cucos? Está pasando, abramos los ojos, si los pibes tienen la masetita en la casa ¿se van a enfermar?”, cuestionó Radío.

El legislador dijo que el proyecto contribuirá a la salud y calificó como “falso” que exista una relación causa efecto entre el consumo de pasta base y el consumo de marihuana, más allá de que exista una secuencia temporal en que primero haya consumida marihuana y después pasta base, “pero antes también tomaron coca cola”, añadió.

Radío señaló que algunos de los problemas de seguridad pública que tiene el país está relacionado con la prohibición del consumo al contactar a los consumidores con el narcotráfico. “Esto atenta contra la seguridad pública. Esta situación de hoy es la que le hace mal a la seguridad pública”, agregó.

Además, Radío dijo que por una cuestión de derechos y libertades individuales, uno puedo decir o aconsejar al no consumo, pero no interponerse para prohibir el consumo.

“Yo no soy quien para imponerle a la gente como tiene que vivir para alargar su vida o mejorar su calidad de vida (…)el paradigma prohibicionista ha demostrado ser inadecuado y ha demostrado se ineficaz para resolver los problemas”, agregó.

José Carlos Cardoso interrumpió a Radío para compartir sus conceptos, señalando que el Estado de Derecho en que el Uruguay vive es liberal por definición y en que las libertades individuales han estado garantizadas desde hace mucho tiempo, señalando que el resto de LA está discutiendo si es legal el consumo.

Radío continuó señalando que el límite entre sustancias legales e ilegales no tiene que ver con sus efectos sobre la salud, poniendo como ejemplo que “la sal de mesa es el veneno del mundo contemporáneo y a nadie se le ocurre”.

Durante su intervención el diputado socialista Julio Bango aseguró que si “asumimos en toda su magnitud y sin ideologismos la cuestión entonces quizás podremos alcanzar los objetivos que creo todos perseguimos”.

Bango dijo que es necesario generar alternativas “que pasen por la prueba de la realidad”, agregando que “lo que sí queda claro es que tanto la nuestra como otras sociedades ya han efectuado la prueba del “prohibicionismo” y fracasan estrepitosamente en todo el mundo”.

“Sin políticas públicas activas en materia de prevención, educación, sensibilización; tratamiento rehabilitación y apoyo a consumidores problemáticos; y sin represión al comercio ilegal, no hay ley que pueda ser eficaz. Pero digamos más aún: mientras las personas no tengan condiciones para su autorrealización en una sociedad -esto es, no tengan condiciones de alcanzar la felicidad propia y la de sus personas cercanas- siempre habrán sustancias que se erijan en una alternativa para paliar los vacíos e insatisfacciones individuales; siempre habrán sustancias que provean la ilusión de eludir las presiones sociales que ejercen las orientaciones y modelos de consumo, en una sociedad que define que “no tener” equivale a “no ser”, afirmó el legislador socialista.

Bango concluyó señalando que la aprobación de este proyecto de ley implicó “efectuar un ejercicio con amplitud de cabeza, autocrítico, sin facilismos; buscando siempre la factibilidad y seguridad en su implementación conscientes que representa una innovación que debe resistir la prueba de la realidad, pero confiados en que ojalá dentro de varios años pueda ser evaluado como un facilitador, que abrió el camino a una estrategia más eficaz para enfrentar la cuestión del consumo problemático de drogas. Es el debate franco y abierto y sin prejuicios el que quizá nos permitirá encontrar las respuestas que buscamos y que no encontramos hasta el presente”.

Diputados nacionalistas en contra

La diputada nacionalista Verónica Alonso señaló que no se puede pedir que uno se acostumbre y se resigne a la presencia de drogas en nuestra sociedad, señalando que el único argumento que comparte con el oficialismo es el de la protección de los consumidores, pero al tratarse de un consumo dañino “es peor el remedio que la enfermedad”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mirando para el costado, escapando de las verdaderas causas de este problema, qué estamos haciendo como sociedad para solucionar este problema”, afirmó.

“Los que no tienen edad suficiente y quienes por su posición pública no tienen interés de estar registrados, a dónde van a ir si tampoco quieren cultivar en su casa ¿de verdad creemos que vamos a creer controlar el autocultivo, el de los clubes de membresías y el de las licencias a los privados, cuando no podemos controlar la venta de alcohol o las recetas verdes de los fármacos. Acá o hay demasiada ingenuidad o hay demasiada hipocresía”, afirmó.

Por su parte, el diputado nacionalista, Pablo Iturralde señaló que existen varios caminos que pueden tomarse ante la droga y destacó que “la mejor política pública que desarrolló el gobierno anterior”, fue la política antitabaco.

Iturralde dijo que el Partido había tratado de poner arriba de la mesa el tema de la pasta base “sin suerte” y el oficialismo había impuesto la discusión sobre la marihuana. “Hay caminos en el medio entre la prohibición y la promoción pero debe partirse de la base siempre de que la droga es nociva siempre para la salud”.

El legislador recordó que se reunió con el presidente José Mujica para expresarle su posición respecto del proyecto.”Más allá de que esta ley sea aprobada o no, creemos que hay que hacer una campaña masiva sobre los efectos nocivos de las drogas en general”, agregó.

”Yo no quiero ponerme en retrógrado, consumí marihuana de joven, las drogas son parte de una realidad pero no son un divertimento, es nociva para la salud”, afirmó Iturralde.

Iturralde dijo que drogas existieron siempre pero “nunca fueron buenas para alguien” y destacó la importancia de transmitir a los jóvenes que se puede vivir “sin escapismos”. “Aquel Uruguay que se decía como el Uruguay no hay, no se hizo con veteranos que venían a falopearse y se hizo con veteranos que vinieron a trabajar”, agregó.

El diputado nacionalista dijo que el autocultivo estaba permitido, lo que provocó una interrupción del diputado frenteamplista Horacio Yañez, quien le pidió que aclarada ese punto, dado que las interpretaciones de la ley vigente consideran el autocultivo como producción, además de haber habido varias personas presas por cultivar marihuana.

Asti: videos de la oposición muestran "lo que tenemos hoy"

El diputado del PVP Luis Puig recordó el apoyo que el proyecto tuvo del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso como una alternativo al fracaso del prohibicionismo.

Además, el legislador frenteamplista buscó rebatir los argumentos en torno a que el proyecto promueve el consumo de marihuana. Al respecto, señaló que el artículo 1º establece como objetivos del Estado "proteger, promover y mejorar la salud de la población y reducir los riesgos y daños del uso de cannabis".

Según Puig, "este artículo que encabeza el proyecto es sustancialmente claro en cuanto a los propósitos planteados".

Enseguida, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti tomó la palabra por breves instantes para afirmar que "apoyamos el proyecto, pero si teníamos alguna duda los argumentos y los vídeos presentados por algunos legisladores de la oposición reafirmaron nuestra postura".

En ese sentido, Asti remarcó que "los casos planteados en los videos demuestran lo que está pasando hoy sin regulación del mercado".

El factor Darío Pérez

La incógnita de la jornada es el voto del diputado de Liga Federal, Darío Pérez quien decidió no dar a conocer su posición hasta el mismo momento de la votación, aunque durante el transcurso de la sesión trascendió que había comunicado a la bancada oficialista que su voto estaba.

La aprobación de la ley genera expectativa mundial y por el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés) envió una carta de apoyo a los diputados del Frente Amplio con la firma de 112 organizaciones de todas partes del mundo, según informó Regulación Responsable.

"Las más de 100 organizaciones que componemos el IDPC, y otras organizaciones adherentes, apoyamos y adherimos con orgullo al compromiso detrás de la iniciativa ciudadana de Regulación Responsable y queremos hacerles saber que cuentan con nuestro compromiso para apuntalar este proceso, ahora y en el futuro, con la experiencia y conocimientos del grupo más grande de organizaciones trabajando el tema de drogas a nivel mundial", expresa la misiva enviada.

Se subraya, asimismo, que Uruguay se convertirá "en el primer país del mundo en regular de manera efectiva y legal la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados."

En la organización uruguaya se consideró la carta como "parte de una ola de apoyo internacional a la iniciativa", teniendo en cuenta que "el ex presidente brasilero Fernando Henrique Cardoso publicó un artículo aplaudiendo el compromiso de Uruguay en la búsqueda de políticas de drogas centradas en la promoción de la salud y la seguridad pública", además de la visita de la semana pasada del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y de una carta enviada de México con la firma de 65 legisladores de ese país.